La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo, Asoquimbo, las comunidades del suroccidente colombiano afectadas por la destrucción del Puente del Paso del Colegio y las poblaciones perjudicadas por la licencia otorgada a la Emeral-Energy, durante el desarrollo de las Mesas Temáticas del 25 al 29 de enero, reafirmaron los propósitos de exigir la realización de la Audiencia Pública Ambiental, la suspensión inmediata de las licencias ambientales otorgadas a los mega-proyectos en la región y establecer las responsabilidades y la cuantificación del daño por la ruptura del mencionado Puente.
Las Mesas Temáticas de Control y Seguimiento se desarrollaron en medio de una campaña de desinformación desatada por algunos medios de comunicación y desde algunas instancias gubernamentales con el propósito de detener la resistencia de las comunidades, declaradas desde hace cuatro años en desobediencia civil y ocultar la amplia participación de las mismas, que con argumentos, demostraron la configuración de una crisis humanitaria en la Región como consecuencia de la catástrofe económica, social, ambiental y cultural generada por los megaproyectos minero energéticos concesionados a la Emerald Energy y a Endesa Emgesa. La crisis obedece a la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, daños al Patrimonio Arqueológico, riesgo sísmico y la vulneración de todos los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente sostenible.
La masiva participación de los huilenses en las mesas es demostración del rechazo vehemente al retiro irresponsable del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, -MADS- del gobierno departamental y la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, incumpliendo los acuerdos consensuados y consignados en acta de compromisos, resultado del encuentro realizado el 17 de enero en Bogotá entre Asoquimbo y el Gobierno Nacional, (Ministros de Ambiente e Interior), con la presencia de la gobernación del Huila, la CAM, entre otros.
El Acta contemplaba una reunión de las partes, al día siguiente, para concretar y formalizar la petición de Audiencia Pública Ambiental a la que tienen derecho las comunidades del Huila y del país. Reunión que se realizó y que dio como resultado la petición legal y formal de dicha Audiencia. De igual forma se comprometió el gobierno departamental en la logística y convocatoria de 7 Mesas de Control y Seguimiento de la situación causada por los mega-proyectos en curso en el departamento, con el fin de preparar y recolectar mayor información para justificar la Audiencia Pública Ambiental y avanzar en la indagación preliminar abierta por la Contraloría General de la República contra el MADS, la CAM y el INVIAS, a solicitud de Asoquimbo.
El 19 de enero se realizó una reunión con la gobernación del Huila, la CAM y Asoquimbo para estipular y consensuar la agenda y metodología a seguir en las mesas, así como confirmar el sitio, la hora y los participantes. Una vez terminada la reunión el secretario de gobierno departamental, en declaraciones dadas a la prensa, habló de la realización de “mesas de concertación” y de la “mediación” entre las comunidades y Emgesa, dando por sentado que la empresa debía hacer presencia en dicho escenario.
De manera responsable el Ministerio del Interior, garante de dichos acuerdos, intervino por sugerencia de Asoquimbo para que se respetara la naturaleza de las Mesas temáticas conforme a lo pactado.
A las cinco de la tarde del día anterior, al inicio a las Mesas de Control y Seguimiento, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, envía un oficio dirigido al gobernador encargado donde propone otra agenda y ajustes a la metodología con el claro propósito de cambiar el carácter de seguimiento y control de las mesas.
El 25 de enero día en que se da inicio a la mesa número 1, sobre la problemática de los pescadores, censados y no censados por Emgesa, el gobierno departamental informa que el Ministerio de Ambiente ha decidido no participar del ejercicio en tanto los pescadores ubicados en el Domingo Arias, frente a las obras del proyecto, no desalojaran su hábitat natural bajo el supuesto de continuar realizando el paro regional. Con este argumento el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contraviene la Constitución y la Ley que protege la actividad de la pesca artesanal como de utilidad pública y derecho inalienable, imprescriptible e inembargable de un área ubicada a 30 metros de la margen de todos los ríos de Colombia, lo que demuestra la falsedad del argumento del Ministerio. Sin embargo, de manera autónoma y en cumplimiento de sus funciones constitucionales la Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, alcaldes municipales de Hobo y Gigante, la Personera del Hobo, decidieron permanecer y realizar como previsto la mesa temática.
Es importante dejar en claro que es obligación del Ministerio realizar seguimiento y control permanente y sistemático, entre otras, de la gestión social de Emgesa, razón por la cual Asoquimbo considera que existe omisión de la responsabilidad legal del Ministerio por lo cual se solicita a la Procuraduría General de la Nación la apertura de investigación por este hecho. El retiro de las mesas es una evidencia más de la nula voluntad del MADS de ejercer el control y seguimiento a los proyectos licenciados a las empresas transnacionales como Endesa Emgesa y la Emerald Energy.
De igual manera denunciamos que existe connivencia entre el Ministerio y Emgesa al calificar de invasores a los pescadores que ejercen su actividad en su hábitat natural contraviniendo las normas, razón por la cual Asoquimbo solicitó a la Presidencia de la República de Colombia, la Vicepresidente de la República de Colombia, la Fiscal General de la Nación, el Director General de la Policía Nacional, el Defensor del Pueblo, el Procurador General de la Nación, los Alcaldes Municipales de Gigante, Garzón, Agrado, Altamira, Paicol, Tesalia y Hobo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y demás autoridades responsables de la investigación; AMPARO POLICIVO a los bienes de uso público, con fundamento en la Ley 1242 de 2008, por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales, en su artículo noveno (9), que declaró COMO BIEN DE USO PÚBLICO una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del cauce de los ríos de la Nación y la Ley 13 de 1990 que reconoce, la actividad pesquera, como de utilidad pública e interés social. En la misma solicitud se exige se esclarezcan el USO ABUSIVO DE LA MARGEN DEL RIO MAGDALENA y las INVASIONES A LOS BIENES DE USO PÚBLICO DE LA NACIÓN por parte de LA EMPRESA EMGESA S.A y se adelanten las acciones pertinentes frente a este caso, garantizando Verdad y Justicia. Concretamente que se abra investigación penal en lo que corresponda y si hubiere merito alguno, a los funcionarios y directivos de la empresa EMGESA S.A por el delito de INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA tipificado en el artículo 337 de la Ley 599 de 2000.
Durante las mesas del 26 y el 27, en el Municipio de Garzón, las más de 2000 personas asistentes con la presencia de funcionarios designados según la temática de la mesa, tales como Ministerios de Agricultura y Trabajo, el ICA, el Incoder; se sumaron a la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo quienes han permanecido y recibido las ponencias y demandas de las diferentes poblaciones afectadas por el proyecto hidroeléctrico del Quimbo.
Asoquimbo resalta el trabajo sistemático elaborado directamente por las organizaciones y las comunidades afectadas, y la presencia de delegados de las diferentes instituciones del Estado. Además expresa su preocupación por la gravedad de los impactos económicos, sociales, arqueológicos, geológicos, ambientales y culturales causados por el P.H. el Quimbo y ratifica su solicitud de suspensión inmediata de la licencia ambiental y de todas las obras como medida cautelar, mientras se realiza la nueva Audiencia Pública Ambiental y los estudios como: el diagnóstico ambiental de alternativas y de valoración económica de los impactos ambientales, y de vulnerabilidad, entre otros.
El día 28 la Mesa programada en el Municipio de la Plata sobre la problemática causada por la destrucción del puente del Paso del Colegio y las vías del suroccidente del Huila, fue realizada no obstante la desinformación generada por la gobernadora del Huila al declarar en el periódico La Nación “la cancelación de las mesas” y el eco que hiciera la emisora Potencia Latina del Municipio, sin haber contrastado la información y verificado la idoneidad de la fuente, buscando la desmovilización y desinformación de las comunidades.
El 29 de enero se cumplió la Mesa, en la Concentración Jorge Villamil Ortega en el municipio de Gigante, sobre los impactos de la Resolución 1609 del 9 de agosto de 2011 que otorgó licencia a la Emerald Energy Pic Sucursal para la instalación de cinco plataformas y tres pozos petroleros, en una región que hace parte de la Reserva Forestal de la Amazonía y rica en café, lulo, plátano, naranja, granadilla y otros productos agrícolas. Los pobladores de Umbria, Lejandría, Cedral, Villa Rica, Alto Colosal, Ventanas, Estación, El Vergel, Silvania, Tres Esquinas, La Vega, entre otras veredas de Gigante presentes, expresaron su indignación por no haber sido consultados y porque con la licencia se está autorizando la destrucción del río del Oro, del páramo de Miraflores y la actividad agroalimentaria de la Zona, afectando la producción cafetera que ocupa el primer renglón en el país. Los participantes exigen la suspensión inmediata de la Resolución 1609.
El 30 de enero, la Presidencia de la Asamblea Departamental del Huila acordó con la Asociación de afectados por la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo –ASOQUIMBO-, convocar para el día viernes 3 de febrero de 8 a 4 de la tarde en el auditorio de la Cámara de Comercio de Neiva, al desarrollo de la Mesa Temática 5 sobre los Impactos económicos, sociales y ambientales del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo y explotación Petrolera de la Emerald Energy y a la evaluación de todas las mesas temáticas de control y seguimiento realizadas del 25 al 29 de enero conforme a lo acordado el 17 de enero de 2012 en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El acuerdo entre la Asamblea y Asoquimbo es un reconocimiento a la capacidad de convocatoria del Movimiento Regional por la Defensa del Territorio Liderado por Asoquimbo y la legitimidad de sus argumentos fortalecidos en las mesas temáticas de seguimiento y control que contaron con la presencia de delegados de la Contraloría General de la República, Los Ministerios de Agricultura, Trabajo y Minas; La Defensoría del Pueblo; el ICA, el Incoder, Alcaldes y Personeros Municipales, y más de 2500 asistentes que participaron decididamente con sus aportes a las problemáticas indicadas, no obstante el injustificado retiro de las mesas por parte del Ministerio de Ambiente, La CAM y el Gobierno Departamental y la campaña de desinformación oficial, que negó a la población el legitimo derecho a una información veraz, asertiva y oportuna.
La convocatoria incluye invitación a la Presidencia y Vicepresidencia de la República Ministros de Despacho, órganos de control, diputados, alcaldes, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, PNUD-región surcolombiana y el Observatorio Internacional de Paz.
Una vez concluida la Evaluación de todas las mesas temáticas de Control y Seguimiento de la Problemática causada por las transnacionales Endesa Emgesa Enel se exige al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la expedición, el 3 de febrero de 2012, de las medidas de Protección y Garantía de los Derechos Humanos de todos los afectados y del Medio Ambiente en cumplimiento de lo acordado en la Mesa realizada el 17 de enero de 2012 en Bogotá. Cabe recordar que el Ministro Pearl ese mismo día advirtió que era su obligación responder a los “Argumentos por los cuales Asoquimbo ratifica solicitud de Audiencia Pública Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo”, documento que fue radicado en el MADS y cuya respuesta se espera el tres de febrero.
La omisión de la responsabilidad del MADS de cumplir con sus obligaciones de hacer seguimiento y control permanente y sistemático al desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y de negarse a expedir el Acto Administrativo, el próximo 3 de febrero, según el compromiso firmado, implica que la única opción legítima para impedir el agravamiento de la crisis humanitaria, causada por las empresas transnacionales a la población Huilense, es el reinicio del PARO REGIONAL POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES AMBIENTALES Y CULTURALES DE TODAS LAS POBLACIONES AFECTADAS, previsto para el 5 de febrero.
Asoquimbo afirma a la opinión pública que los compromisos pactados con el Gobierno Nacional en Bogotá han sido honrados y las comunidades con su presencia y juicioso escrutinio de las graves afectaciones a sus derechos y que han sido recopilados por las instituciones presentes, deben constituirse en prueba fehaciente y suficiente para la expedición de un auto para la protección y garantía de los derechos de los afectados y del medio ambiente.
Por la DEFENSA DEL TERRITORIO Y LAS COMUNIDADES AFECTADAS
¡PARO REGIONAL!
Neiva Huila, 1 de febrero de 2012
