VIDEO PROCESO DE RESISTENCIA EL QUIMBO

A continuaciòn encontrarà el Link del video EL QUIMBO NO ES UNA REALIDAD, Nùmeros 01,02,03,04,05,06,07 que deberà ir marcando independiente y secuencialmente porque ocurre en algunos casos que al terminar cada uno se presentan interferencias con otros videos que no hacen parte de nuestra narrativa. LA CLAVE ESTÀ EN EL ENCABEZAMIENTO "EL QUIMBO NO ES UNA REALIDAD" Y EL NUMERO RESPECTIVO.

http://www.youtube.com/view_play_list?p=A9A2A5C3335479F2

Este video es producto del proceso de resistencia por la defensa del territorio y las comunidades afectadas por el proyecto hidroelèctrico El Quimbo concesionado por el Gobierno Colombiano a la transnacional Endesa Emgesa que hoy controla la Italiana ENEL. Hace parte de la Sistematizaciòn El Quimbo: ¿Crecimiento o Desarrollo Ecosocial? elaborada por el profesor Miller Dussàn C. y publicada en http://millerdussan.blogia.com http://plataformasur.blogia.com www.surcolombiano.com (ver documento adjunto) El video de caràcter testimonial pretende convocar la màs amplia movilizaciòn contra el megaproyecto El Quimbo, por una Reserva Campesina Agroalimentaria subsidiada por el Estado y solicitar a la Comisiòn Interamericana de Derechos Humanos envìe de inmediato una Misiòn Especial para que se ocupe de la afectaciòn de los derechos humanos y ambientales que hoy se vive en la Regiòn. Esperamos sea divuldado ampliamente.

Las Comunidades Afro-Colombianas piden al Presidente Uribe reunirse para discutir la situacion de seguriad en sus territorios

Afrocolombia, Territorio Región del Pacifico, Pacifico Sur, 1 de Febrero de
2010.

Señor.
Dr. Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la Republica de Colombia.


Señor presidente

En los últimos días hemos denunciado el asesinato de los líderes del Consejo
Comunitario de Manglares en el rio Micay Milton Grueso Torres y José Félix
Orejuela- líder sobresalientes del Consejo. Como consecuencia de estos
asesinatos, varios líderes comunitarios se han desplazado y salido de la
zona, lo que constituye un duro golpe para las dinámicas organizativas de
nuestras comunidades.

Simultáneamente con esta situación, hemos denunciado igualmente las
fumigaciones indiscriminadas en los ríos Guapi, Guajui, Napi y San Francisco
que desde el 5 de enero se adelantan y que además de destruir el pan coger
de las comunidades, contaminar la aguas para consumo y uso humano, han
causado desplazamiento forzado hacia la cabecera municipal de Guapi. Estos
desplazados no han recibido ningún tipo de ayuda humanitaria por parte de
las instituciones del estado. Las fumigaciones también están ocurriendo en
el municipio de Timbiquí en los Territorios Colectivos de los Consejos
Comunitarios Negros Unidos, Renacer Negro, Negros en Acción, Parte Baja del
Saíja, Patía Norte San Bernardo y Parte alta sur del Saíja. En el Auto 005
del 2009, la Corte Constitucional ordeno al Gobierno Nacional un conjunto de
medidas para proteger a las Comunidades Negras del desplazamiento forzado
interno. En un año, ninguna de estas órdenes ha sido implementada,
en especial la que tiene que ver con la formulación e implementación de
planes de protección a nuestras comunidades. Además de incumplir con las
ordenes de la Corte Constitucional, el gobierno sigue adelantando acciones
en nuestros territorios que generan, como en este caso desplazamiento
forzado interno y ponen en grave riesgos los derechos y la vida de nuestras
comunidades y sus líderes.

En noviembre del 2008, nuestras organizaciones presentamos un documentos con
propuestas al Vicepresidente Francisco Santos, en una reunión efectuada en
Guapi, en la que además estuvo presente el congresista norteamericano
Gregory Meeks. En esa oportunidad acordamos con el Vicepresidente de la
Republica hacer una reunión para avanzar en la discusión de nuestras
propuestas y su implementación. Desde entonces como lo hemos reiterado en
varias oportunidades, hemos estado a la espera que esa reunión se concrete.
En junio del 2007, presentamos en el documento el Consenso de Cali, en el
marco del II Consejo Comunal Afrocolombianos una propuesta en igual sentido
al propio Presidente de la Republica. Desde entonces esperamos respuestas a
nuestras iniciativas. Apenas en estos días leíamos en la primera página de
el Periódico EL Tiempo, los anuncios del Gobierno Nacional sobre la
erradicación manual forzada en varios zonas del país, entre ellas, el
departamento de Nariño.

Estos anuncios contrastas con el poco interés en avanzar en la
implementación de unos acuerdos con voceros de comunidades que hemos
reiterado, que en la biodiversidad del Territorio Región del Pacifico ni "
Coca para fines ilícitos, ni palma" y puesto sobre la mesa nuestra voluntad
de avanzar en procesos autónomos de erradicación con el apoyo de la
institucionalidad y de la cooperación internacional.

Como fue planteado ya por vía telefónica y en conversación con varias
entidades del estado, estamos proponiendo una reunión entre el gobierno y
voceros de nuestras organizaciones y consejos comunitarios para que
acordemos las medidas de protección inmediata para las comunidades y sus
líderes, la implementación de las ordenes del auto 005 y el proceso que
conduzca a la erradicación autónoma por parte de las propias comunidades a
partir de alternativas de bienestar expuestas en diferentes planes
comunitarios y ambientales. Dadas nuestras circunstancias, esta reunión no
puede ser en la costa caucana, por ello proponemos que la reunión se realice
en la ciudad de Cali.

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación esperamos una repuesta
inmediata

De ustedes, en el espíritu de nuestros ancestros y ancestras

Asociación de Consejos Comunitarios de Timbiquí
Asociación para la defensa del Ambiente y nuestra Cultura Negra Asomanos
Negra
Consejo Comunitario Renacer Negro
Consejo Comunitario Patía Norte San Bernardo
Consejo Comunitario Parte Alta Sur del Saija
Consejo Comunitario Parte Baja del Saija
Consejo Comunitario Negros en Acción
Consejo Comunitario Negros Unidos
Consejo Comunitario Alto Guapi
Consejo Comunitario del Napi
Consejo Comunitario Guajui
Corporación Ancestros..
Cc. Corte Constitucional, Procuraduría General de la Nación, Defensor del
Pueblo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Dirección Acción Social, Programa Presidencial para los
Derechos Humanos, Organizaciones de Derechos Humanos.
Pueden Contactarnos en los correos electrónicos y teléfonos siguientes:
Consemayorpalcastigo@yahoo.com , corpoancestro@yahoo.com ,
cambindofa@gmail.com , asomanosnegra@hotmail.com , 318, 3532475 , 3206811976
, 3204883295.

Asociacion de consejos comunitarios Timbiqui . Cauca. Cel: 3128253508.
Tel: 092 - 8403072. Fax: 092 - 8403043.

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Dear Colleagues and Friends in solidarity with Afro-Colombian struggle,

In only two weeks, four Afro-Colombian leaders have been murder, and several
have been death threaten. Fumigations have caused the internal displacement
of more than 100 Afro-Colombians. The violation of Afro-Colombian
fundamental rights continued escalating. Effective and structural
measurements must be taken by Colombian government in order to guarantee the
safety and integrity of Afro-Colombians, and promote the respect an
observance of their rights. Read more (documents in Spanish and English) at
http://news.afrocolombians.com/news/

Stay alert to take action.

En solo dos semanas, cuatro lideres han sido asesinados y varios estan bajo
amenazas. Fumigaciones han causado el desplazamiento interno de mas de 100
familias. La violacion de los derechos fundamentales de los Afrocolombianos
continua escalando. El gobienro colombaino debe tomar medidas estructurales
effectivas que garanticen la seguridad en interidad de los Afrocolombianos y
promueva el respeto y aplicacion de sus derechos. Lea mas al resoecto (en
Español e ingles) http://news.afrocolombians.com/news/

Permanezca alerta para tomar acciones.
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Poverty a crime that is paid by death

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACION DE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO -“ASOQUIMBO”-

La Asamblea General de Asoquimbo representativa de las veredas y centros poblados de los municipios de Agrado, Gigante y Garzón, (zona El Quimbo, La Escalereta, San José de Belén, La Yaguilga, Balseadero, Matambo, Río Loro, Veracruz, La Honda, entre otras) reunida en el Centro Poblado Rioloro, Inspección de Gigante Huila, el 20 de diciembre de 2009, aprobó por unanimidad dirigirse a los Gobiernos Departamental y Nacional, al Ministerio de Ambiente, a la Procuraduría General de la Nación y a organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos con el objeto de expresar su posición en torno al proyecto de construir la hidroeléctrica El Quimbo, el proceso de resistencia en defensa del territorio y demandar la reparación por los daños y perjuicios materiales y psicológicos causados a los afectados de la zona por la aplicación de la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008.

1.- La construcción del megaproyecto El Quimbo hace parte de un ‘negocio’ de generación exclusiva de energía para exportación en el que priman los intereses particulares sobre el interés público. No existe garantía de mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, ni de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. No hay un compromiso real con la protección de los ecosistemas. Atenta contra la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, las economías campesinas y las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia. Al inundar y destruir miles de hectáreas de vegetación nativa aporta al calentamiento global al lanzar a la atmósfera gases como el dióxido de carbono y el metano y desplaza cerca de 500 familias, más de 1500 personas residentes, vulnerando abiertamente la Carta de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y generando una situación de conflicto sin antecedentes en la región. La corrupción, el soborno, el clientelismo, el autoritarismo y la negación de la participación de las comunidades en la toma de decisiones han caracterizado el comportamiento de las élites gubernamentales, empresariales y políticas tradicionales que defienden a ultranza el proyecto.

2.- La Resolución 321 que declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo” se expidió sin consultar a los afectados y sin la previa sustracción del 95% del área de El Quimbo que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía. La medida ha causado daños a las actividades productivas de las comunidades y personas por la imposibilidad de acceder a las fuentes crediticias, la negación de subsidios estatales e inversiones en infraestructura y redes prestadoras de servicios sociales y, especialmente, por la incertidumbre generada con relación al futuro de nuestros proyectos de vida, por parte de Emgesa, que aún no ha “dimensionado el impacto en términos de los valores económicos afectados y las correspondientes medidas de manejo” y los efectos psicosociales tal como quedó consignado en la licencia ambiental. La Asamblea de Asoquimbo de manera unánime demanda del Gobierno y de Emgesa la inmediata “indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida”, la atención psicosocial de todos los afectados y exige a las autoridades municipales y a la defensoría del pueblo asuman su responsabilidad en defensa de los intereses de todos los grupos poblacionales de la Zona de El Quimbo.

3.- Para enero de 2010 se ha previsto la aprobación del “Manual de valoración de predios” por parte de la Comisión Tripartita integrada por los representantes del Instituto Agustín Codazzi, Emgesa y propietarios y poseedores de El Quimbo. No existe ninguna garantía para que la Comisión reconozca los valores reales de los bienes inmuebles por su composición mayoritaria al servicio de Emgesa que ya está haciendo ofertas por debajo de las aspiraciones de los afectados que hoy se resisten a vender sus predios a menos precio, generando confrontaciones con representantes de la transnacional. La Asamblea de Asoquimbo aprueba que con anticipación a la decisión prevista por la comisión tripartita se convoque a los afectados con el fin de acordar los valores de sus bienes. Además, los asistentes decidimos que sólo aceptaremos la restitución y compensación de todos nuestros bienes materiales e inmateriales en igualdad o mejores condiciones a los afectados, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo.

4.- Emgesa viene presionando, a través del engaño, la compra directa y la firma de contratos de compraventa con el propósito de evitar el pago de indemnizaciones por los daños causados y la restitución de tierras con riego así como de la actividad económica que demandarían mayores inversiones que serían más favorables para las poblaciones afectadas. Además, la empresa sabe de la imposibilidad de adquirir predios en igualdad o mejores condiciones a los que serían inundados. La Asamblea condena la actitud de Emgesa por considerarla contraria a la ética de responsabilidad social empresarial y convoca a todos los afectados a negarse a firmar este tipo de documento por cuanto lesionaría gravemente su patrimonio económico, social y cultural.

5.- Celebrar la realización de la Audiencia Pública el pasado 2 de noviembre, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de analizar el impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente ocasionado por la construcción de grandes represas en América Latina. Resaltamos que este tema haya sido considerado de especial interés por la Comisión y que haya optado por el seguimiento y estudio de casos de afectación de derechos humanos y ambientales en cada país para lo cual se enviarán Misiones Especiales. Así mismo destaca las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables, celebrado el 5 y 6 de noviembre de 2009 en Neiva, especialmente, el fortalecimiento de la Red Nacional de Resistencia contra los megaproyectos y el proceso de construcción del Campamento Internacional por la defensa del territorio, el río Magdalena, el Macizo Colombiano y las Comunidades.

6.- En la licencia ambiental se incluyó el “Proyecto de apoyo a la gestión administrativa local y reestructuración de los esquemas y planes de ordenamiento” para todos los municipios del área de influencia, que incluye la formulación de un Plan de Ordenamiento Regional, donde Emgesa hará parte activa del Consejo Territorial de Planeación. Para la implementación de éste proyecto por iniciativa de Huipaz y la Agencia Habitat de las Naciones Unidas, se convocó a una reunión cerrada con los mandatarios locales, miembros de los Consejos Departamental y Municipales de Planeación y los gremios productivos, realizada el pasado 11 de noviembre en la Casona de Gigante Huila y que el periódico La Nación resume bajo el titulo "ONU acompañará POT para El Quimbo" (16 de noviembre) Fueron excluidos los representantes de las comunidades afectadas por la construcción del embalse, razón por la cual líderes de Asoquimbo, sin ser invitados, se hicieron presentes en la reunión y cuestionaron el comportamiento excluyente de Huipaz y la Agencia Hábitat, que actuaron en contravía del rol que deberían cumplir, en contraste con el apoyo que viene suministrando la oficina del PNUD. Preguntaron ¿Por qué hasta ahora aparece ONU Habitat a brindar asesoría cuando El proyecto hidroeléctrico El Quimbo no es una realidad? La Asamblea de Asoquimbo rechaza esta actitud autoritaria y excluyente y exige a Minambiente y a la Agencia Hábitat de la ONU explicación de su comportamiento teniendo en cuenta que la Constitución Política establece la participación de las comunidades en los procesos de desarrollo territorial integral.

7- Como alternativa al negocio de El Quimbo de Emgesa y el gobierno, que no será una realidad, la Asamblea de Asoquimbo propone convertir la Zona de El Quimbo en una gran reserva campesina empresarial agroalimentaria con amplia financiación del Estado, en particular, para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan estas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses. Esta propuesta garantiza la preservación de nuestros ecosistemas, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia con fundamento en el desarrollo equitativo y sostenible.

En representación de los participantes de la Asamblea de Asoquimbo y en cumplimiento de sus decisiones, firmamos esta Declaración en el Centro Poblado Rioloro, Inspección de Gigante Huila, el 20 de diciembre de 2009.

Por la Junta Directiva de Asoquimbo firman el original:

OTONIEL RINCÓN

C. C.55.111.405

VICEPRESIDENTE

JAIRO CALDERÓN JUAN CARLOS BRAVO

C. C. 4.904.565 C. C. 12.196.438

SECRETARIO GENERAL TESORERO

CARLOS PALOMINO C.C.

12.205.836

VOCAL

Siguen firmas de representantes de Matambo, La Escalereta, La Libertad, Remolinos, Rioloro, Honda, Rodapasos.

Update on Norte del Cauca situation

Dear Supporters of Afro-Colombian Rights,


We are happy to report that your calls and efforts on behalf of the Afro-Colombian and Indigenous communities in the municipalities of Buenos Aires and Suarez ( Cauca ) resulted in the Colombian government taking steps that will help protect the lives of members of these communities. On December 17, 2009 a meeting took place between the Colombian authorities (Presidential Program for Human Rights- PPDDHH, Ministry of Justice, Ministry of Mines, Ministry of the Environment, Public Prosecutor for Human Rights and Department of Foreign Affairs) and leaders belonging to the Black Communities Process (PCN), the Community Council of La Toma, the Municipal Human Rights Committee of Buenos Aires, the Association of Women of Buenos Aires and NGO Sembrar.


At this meeting the Colombian authorities agreed to do as follows:

Protection:

1) Leaders who are under threat that are currently outside of the areas will be given temporary relocation assistance. This assistance will be given the week of December 21st.

2) Colombian authorities will conduct a security risk analysis so that these leaders can return to the area ( Cauca ).

3) Authorities will be looking out for other requests regarding security involving other members and their families of these areas.

4) The community leaders requested that the Colombian authorities provide relocation assistance for the office of PCN that is currently situated in La Balsa de Santander de Quilichao. The authorities agreed to consider this request in January so that PCN can continue to work in this area of the country.

5) Authorities will put into place protocols for how they should respond to future emergencies concerning the physical security of leaders.


Persons responsible on the part of the authorities for carrying out the above: Diana Botero-PPDDH and Flor Romero of the Protection Unit of the Ministry of Justice.


Mining and Environment Titles:

1) The organizations will send the listing of land titles that violate the previous consultation process and law 70 of the black communities to the Ministry of Mines and Energy so that this Ministry can review them and respond in terms of whether or not such titles should be suspended and whether or not new titles need to be granted to the communities in question.

2) At minimum, the Ministry of the Environment will locate the environmental plan pertaining to Salvajina and review it to assess whether or not EPSA is violating the terms of the title when it comes to Afro-Colombians and Indigenous communities' right to previous consultation.

3) They will organize the next Regional Corporation for Cauca (mixed governmental and non-governmental environmental entity responsible for Cauca ) meeting.

4) They will look for and send to the communities the information they are requesting in terms of how these communities can become involved in the environmental assessments made for the use of these territories.


Community Councils and Constitutional Court Order 005 on Afro-Colombian IDPs:


1) The community councils have asked that nine of the community councils that have requested their incorporation for the past two years (with little response) are in fact incorporated. These include the following community councils located in the municipality of Buenos Aires : Cerro Teta, Brisas del Rio Cauca and Alsacia. For the municipality of Suarez these include: La Toma, Asnazu, Las Brisas, Mindala and Las Mesetas and Robles. The authorities took note of this.


2) In terms of implementing the recommendations made in Constitutional Court Order 005 of January 2009 pertaining to internally displaced Afro-Colombians in the areas of Cauca in question, it was decided that the Direction for Afro-Colombian Affairs will respond the week of December 21 on what steps will be taken to implement this Order in this area of the country.


Investigations:


1) The Public Prosecutor for Human Rights will unify the various investigations that exist concerning threats against members of these communities into one case. This will be done internally by this entity in order to streamline the response.

2) The Public Prosecutor for Human Rights will decide who should be responsible for this investigation-whether it should be dealt with in Bogota or at the regional level in Cauca . The week of December 21st the authorities will decide this.

3) The authorities will provide periodic updates on how these investigations are going.

4) A person will be appointed to serve as the liaison between the communities and the Public Prosecutor for Human Rights.


Agreements and Responsibilities Directly Attributed to the Presidential Human Rights Program:


1) Starting the week of January 4th, Hermedis Gutierrez, official from the PPDDHH program in zone 2 will be present in the areas in question every 15 days. Mr. Gutierrez will be responsible for monitoring the threats against Afro-Colombians residing in the municipalities of Buenos Aires , Suarez and Morales.

2) In January, after the 12th, this entity will convene an internal meeting whereby a contingency plan will be developed. This plan will include a general analysis of the situation and steps that will be taken to deal with issues surrounding mining licenses, environmental plan for Salvajina, protection of these communities, formal recognition of the community councils, Constitutional Court Order 005 and investigations to be undertaken by the Public Prosecutor for Human Rights.

3) Carlos Franco discussed the security situation in these municipalities with Coronel Murcia. It was decided that the liaison for these communities concerning threats and security is Coronel Chavez. He is now the person in charge of monitoring the security situation in the area and attempting to clarify where the threats against the Afro-Colombian leaders originated, as well as the person responsible for addressing the presence of illegal armed groups in this region.

4) All new incidents concerning these communities Hill be directed to Remedís Gutierrez, Sandra Navaez, Diana Botero and Carlos Franco. These are the persons who should receive the information first. After these authorities received the information then the municipal human rights ombudsmen or PCN must send the information to the security forces in the area.

5) The communities' request for a community ombudsman in the area will be sent to the Human Rights Ombudsman.

While the security threats against leaders remain and the situation is far from being resolved, the fact that the meeting took place and that it resulted in the Colombian authorities agreeing to act in order to address the security concerns of the communities is a step forward. This step would not have happened if persons like you had not intervened and urged members of the U.S. Congress and the U.S. Department of State to act. Thank you for the actions taken.


We will continue to monitor the situation and keep you informed of further developments.


Sincerely,


Gimena Sanchez, WOLA

Charo Mina Rojas and Marino Cordoba , AFRODES USA


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Afro-Colombian News
Rising Awareness on Afro-Colombian Grassroots Communities Struggle
http://www.afrocolombians.com/Afro-Colombian%20News/Main%20Page.html

Nicolàs Neira: Quien escuche y sienta, sea libre y venga

NOTA DEL PADRE: Amigos llevaba 1710 días o 41.039 horas preocupado por el silencio administrativo, no es que este conforme con la resolucion de la procuraduría ya que faltan 81 miembros del esmad por ser destituidos y judicializados por el Estado colombiano.

Lo anterior no es porque la justicia brille por su prontitud y sapiencia + bien es por es GRAN ESFUERZO DE TOD@S USTEDES QUE A BIEN HAN TENIDO ACOMPAÑARME GUIADOS DE LA MANO, SABIDURIA Y EXPERIENCIA DE LOS ABOGADOS.

MIL GRACIAS A TOD@S.

Posd: Nicolas tambien esta Navidad te extrañe y te pense bastante, como siempre te veo en cada una de las personas y en especial de los jovenes que me acompañan. Nico espero que en estos 1710 dias estes anarkisando el cielo. Un beso.

Profundamente,

YURI ENRIQUE NEIRA SALAMANCA

Colombians Refuse to Be Displaced: Over 5,000 Occupy the Piñuña Negro Police Inspectors Office in Putumayo

Indigenous and Afro-Colombian Campesinos Demand an End to Coca Eradication and Plan Colombia

By James Jordan
Special to The Narco News Bulletin

December 21, 2009

Over 5,000 indigenous, AfroColombian and farming community members are occupying the community center of Piñuña Negro in the department of Putumayo, Colombia. Using tactics of nonviolent resistance, a crowd of all ages has gathered at the highest government office in the area—the Police Inspector’s office—to demand negotiations with local and national government representatives and an end to military and paramilitary harassment and coca eradication programs that are causing thousands of residents to be displaced. The affected communities say that after three years of unfulfilled promises and unanswered calls for dialogue, there have been no lasting efforts by the government to develop replacement crops, markets and the infrastructure to get crops to markets. Instead, community leaders and residents are being falsely accused of being operatives of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC) and subjected to ongoing repression.

With no means to earn a livelihood, rural communities are enduring widespread malnutrition, disease and lack of educational or economic opportunity. The local population has been subjected to rampant abuses by the military, including unprovoked and random armed assaults against civilian populations, the forced procurement of crops and other resources, occupation of homes and farms and a military blockade prohibiting the entry of food and other daily necessities into the area. Paramilitary death squads have operated with impunity, threatening the population and, worse, committing assassinations and other acts of violence. The Vice-President of ASCAP and member of the National Directorate of FENSUAGRO was assassinated after numerous threats just last year.

Since October 19th, at least 5,263 residents of the region have occupied the Police Inspector’s Office of Piñuñu Negro, part of the municipality of Puerto Leguizamo, by the Colombian/Peruvian border, and near where these nations meet with the Ecuadorian border. The occupation is being led by the Putumayo Agricultural Association of Farmers and Farm Workers (Asociación Campesina Agrícola del Putumayo-ASCAP). ASCAP is a member of The Federation of United National Agricultural and Aquacultural Unions (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria-FENSUAGRO), the largest organization of farmers and farm workers in Colombia. It is also Colombia’s most targeted union. Three out of five union members who are assassinated in the world are killed in Colombia.

A recent survey of the popular occupation reveals a diverse gathering of people, including 1,024 girls, 828 boys, 1,828 men and 1,543 women, with 20% of the women being pregnant. Many of the adults are also elderly. They are protesting eradication efforts and military/paramilitary attacks in Putumayo, especially around the municipalities of Puerto Leguizamo and Puerto Asís, the most important port towns on the Putumayo River.

Putumayo has been one of the departments most adversely affected by US/Colombian coca eradication efforts, including the indiscriminate spraying of Monsanto’s herbicide Round-Up Ultra. This has included fumigations not only of coca, but, due to the arbitrary and generalized manner in which it is applied, a wide variety of crops, forests and places of human habitation. These eradication efforts are part of Plan Colombia, which has received more than $7 billion in funding from the US government. Eradications efforts are co-administered by the Colombian government and the US Department of State.

Recently, eradication efforts have been by hand, accompanied by military and paramilitary troop movements. They have not included promised programs to rehabilitate the area for other types of cash crops, including the infrastructure and markets required to sell produce. Also missing is any kind of adequate system of education, health and other basic social services. There are no roads leading into and out of places like Piñuña Negro that can handle the ongoing movement of harvests. The only business concerns willing to make the trip into this remote part of Colombia are elements of the coca trade.

However, it is speculated that mining companies are interested in developing the area because of its rich mineral resources, including deposits of gold, silver and platinum. Such interests often precede large-scale efforts to displace populations to open land up for corporate development.

Threats against leaders of the occupation and labor, indigenous and AfroColombian representatives have been escalating. One of the main concerns of the protesters is the safety of these leaders. ASCAP and FENSUAGRO are calling for international observers and accompaniment to help provide security before, during and after negotiations.

The indigenous, AfroColombian and farming community members who are occupying Puerto Piñuña are doing so because they do not want to become one of the more than four million displaced persons in Colombia today—the largest population of refugees in the world. More than 60% of all displaced persons in Colombia are farmers and farm workers, and the primary reasons for these displacements are military and paramilitary threats and assaults and the destruction of farms through eradication efforts—the same conditions being resisted by the communities gathered in Piñuña Negro.

Responding to the ongoing occupation and growing national and international pressure, on the 13th, 14th and 15th of December, officials from Colombia’s Ministry of the Interior and Jusitce visited Piñuña Negro to listen to the concerns of the popular occupation and to assess the general situation. Although the report released by the ministry provided details and anecdotal evidence, no concrete plans for follow-up were given. Instead, the representatives promised the creation of a governmental commission to address the complaints and demands made by the community. However, no date was given as to when the commission would be constituted and no concessions were made
regarding the establishment of negotiations with the community.

The popular occupation of Piñuña Negro is asking the national and international communities to join them in support of their demands. Two important actions people in the US can make are to email and/or call international human rights organizations, Colombian authorities and the US White House and Representatives to demand:

· An end to coca eradications in Putumayo until authorities have negotiated and enacted a plan with Colombian authorities that includes an adequate and just crop replacement component;

· A guarantee of safety for protest leaders and community negotiators;

· An end to Plan Colombia and the triple threat of military and paramilitary repression and eradication programs that are the root causes of displacement of indigenous, AfroColombian and farming communities.

Following is relevant contact information:

Colombian Ministry of the Interior and Justice’ Human Rights Office:

dhdirector@mij.gov.co

Colombian Embassy in the US:

embassyofcolombia@colombiaemb.org or call 202-387-8338

Interamerican Commission for Human Rights:

cidhoea@oas.org

UN High Commissioner for Human Rights:

oacnudh@hchr.org.co

To Write Your US Representative:

https://writerep.house.gov/writerep/welcome.shtml

The Alliance for Global Justice is the primary contact in the United States for communications with the union center that is backing this popular occupation. Those wanting to learn more about this situation should write james@afgj.org or call either 520-243-0381 or 202-544-9355.