1.- La construcción del megaproyecto El Quimbo hace parte de un ‘negocio’ de generación exclusiva de energía para exportación en el que priman los intereses particulares sobre el interés público. No existe garantía de mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, ni de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. No hay un compromiso real con la protección de los ecosistemas. Atenta contra la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, las economías campesinas y las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia. Al inundar y destruir miles de hectáreas de vegetación nativa aporta al calentamiento global al lanzar a la atmósfera gases como el dióxido de carbono y el metano y desplaza cerca de 500 familias, más de 1500 personas residentes, vulnerando abiertamente la Carta de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y generando una situación de conflicto sin antecedentes en la región. La corrupción, el soborno, el clientelismo, el autoritarismo y la negación de la participación de las comunidades en la toma de decisiones han caracterizado el comportamiento de las élites gubernamentales, empresariales y políticas tradicionales que defienden a ultranza el proyecto.
2.- La Resolución 321 que declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo” se expidió sin consultar a los afectados y sin la previa sustracción del 95% del área de El Quimbo que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía. La medida ha causado daños a las actividades productivas de las comunidades y personas por la imposibilidad de acceder a las fuentes crediticias, la negación de subsidios estatales e inversiones en infraestructura y redes prestadoras de servicios sociales y, especialmente, por la incertidumbre generada con relación al futuro de nuestros proyectos de vida, por parte de Emgesa, que aún no ha “dimensionado el impacto en términos de los valores económicos afectados y las correspondientes medidas de manejo” y los efectos psicosociales tal como quedó consignado en la licencia ambiental. La Asamblea de Asoquimbo de manera unánime demanda del Gobierno y de Emgesa la inmediata “indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida”, la atención psicosocial de todos los afectados y exige a las autoridades municipales y a la defensoría del pueblo asuman su responsabilidad en defensa de los intereses de todos los grupos poblacionales de la Zona de El Quimbo.
3.- Para enero de 2010 se ha previsto la aprobación del “Manual de valoración de predios” por parte de la Comisión Tripartita integrada por los representantes del Instituto Agustín Codazzi, Emgesa y propietarios y poseedores de El Quimbo. No existe ninguna garantía para que la Comisión reconozca los valores reales de los bienes inmuebles por su composición mayoritaria al servicio de Emgesa que ya está haciendo ofertas por debajo de las aspiraciones de los afectados que hoy se resisten a vender sus predios a menos precio, generando confrontaciones con representantes de la transnacional. La Asamblea de Asoquimbo aprueba que con anticipación a la decisión prevista por la comisión tripartita se convoque a los afectados con el fin de acordar los valores de sus bienes. Además, los asistentes decidimos que sólo aceptaremos la restitución y compensación de todos nuestros bienes materiales e inmateriales en igualdad o mejores condiciones a los afectados, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo.
4.- Emgesa viene presionando, a través del engaño, la compra directa y la firma de contratos de compraventa con el propósito de evitar el pago de indemnizaciones por los daños causados y la restitución de tierras con riego así como de la actividad económica que demandarían mayores inversiones que serían más favorables para las poblaciones afectadas. Además, la empresa sabe de la imposibilidad de adquirir predios en igualdad o mejores condiciones a los que serían inundados. La Asamblea condena la actitud de Emgesa por considerarla contraria a la ética de responsabilidad social empresarial y convoca a todos los afectados a negarse a firmar este tipo de documento por cuanto lesionaría gravemente su patrimonio económico, social y cultural.
5.- Celebrar la realización de la Audiencia Pública el pasado 2 de noviembre, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de analizar el impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente ocasionado por la construcción de grandes represas en América Latina. Resaltamos que este tema haya sido considerado de especial interés por la Comisión y que haya optado por el seguimiento y estudio de casos de afectación de derechos humanos y ambientales en cada país para lo cual se enviarán Misiones Especiales. Así mismo destaca las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables, celebrado el 5 y 6 de noviembre de 2009 en Neiva, especialmente, el fortalecimiento de la Red Nacional de Resistencia contra los megaproyectos y el proceso de construcción del Campamento Internacional por la defensa del territorio, el río Magdalena, el Macizo Colombiano y las Comunidades.
6.- En la licencia ambiental se incluyó el “Proyecto de apoyo a la gestión administrativa local y reestructuración de los esquemas y planes de ordenamiento” para todos los municipios del área de influencia, que incluye la formulación de un Plan de Ordenamiento Regional, donde Emgesa hará parte activa del Consejo Territorial de Planeación. Para la implementación de éste proyecto por iniciativa de Huipaz y la Agencia Habitat de las Naciones Unidas, se convocó a una reunión cerrada con los mandatarios locales, miembros de los Consejos Departamental y Municipales de Planeación y los gremios productivos, realizada el pasado 11 de noviembre en la Casona de Gigante Huila y que el periódico La Nación resume bajo el titulo "ONU acompañará POT para El Quimbo" (16 de noviembre) Fueron excluidos los representantes de las comunidades afectadas por la construcción del embalse, razón por la cual líderes de Asoquimbo, sin ser invitados, se hicieron presentes en la reunión y cuestionaron el comportamiento excluyente de Huipaz y la Agencia Hábitat, que actuaron en contravía del rol que deberían cumplir, en contraste con el apoyo que viene suministrando la oficina del PNUD. Preguntaron ¿Por qué hasta ahora aparece ONU Habitat a brindar asesoría cuando El proyecto hidroeléctrico El Quimbo no es una realidad? La Asamblea de Asoquimbo rechaza esta actitud autoritaria y excluyente y exige a Minambiente y a la Agencia Hábitat de la ONU explicación de su comportamiento teniendo en cuenta que la Constitución Política establece la participación de las comunidades en los procesos de desarrollo territorial integral.
7- Como alternativa al negocio de El Quimbo de Emgesa y el gobierno, que no será una realidad, la Asamblea de Asoquimbo propone convertir la Zona de El Quimbo en una gran reserva campesina empresarial agroalimentaria con amplia financiación del Estado, en particular, para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan estas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses. Esta propuesta garantiza la preservación de nuestros ecosistemas, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia con fundamento en el desarrollo equitativo y sostenible.
En representación de los participantes de la Asamblea de Asoquimbo y en cumplimiento de sus decisiones, firmamos esta Declaración en el Centro Poblado Rioloro, Inspección de Gigante Huila, el 20 de diciembre de 2009.
Por la Junta Directiva de Asoquimbo firman el original:
OTONIEL RINCÓN
C. C.55.111.405
VICEPRESIDENTE
JAIRO CALDERÓN
C. C. 4.904.565 C. C. 12.196.438
SECRETARIO GENERAL TESORERO
CARLOS PALOMINO C.C.
12.205.836
VOCAL
Siguen firmas de representantes de Matambo, La Escalereta, La Libertad, Remolinos, Rioloro, Honda, Rodapasos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario