Meses
después de los desalojos de tierras, ASOQUIMBO sigue exigiendo el cumplimiento
de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
A raíz de los desalojos que se iniciaron el 24 de septiembre del año pasado en
varias fincas alrededor de La Jagua, Garzon y Gigante, todas en la zona
afectada por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, las comunidades afectadas continúan movilizándose y denunciando la construcción de la represa que actualmente sigue sobre el río Magdalena.
Durante el pasado año y por varias semanas, el profesor Miller Dussan de la
Universidad Sur Colombiana, realizó una serie
de charlas en
distintas ciudades de la costa atlántica de los Estados Unidos como Boston, New
York y Washington D.C. donde denunció
los atropellos y la represión que son
víctimas los Huilenses a manos del Estado y los gerentes del Proyecto
Hidroeléctrico el Quimbo. En una conversación con Brent Blackwelder, de la
organización Amigos de la Tierra, se tomó como ejemplo el Sistema nacional de
Ríos Silvestres y Escénicos, un proyecto de ríos protegidos que se impulsó en
EE.UU en 1973, el cual se intenta convertir en una iniciativa
internacional. Como parte de las denuncias Isabel Cristina Zuleta,
representante de Ríos Vivos, denunció los proyectos hidroeléctricos en Colombia
ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó medidas cautelares y la
suspensión de El Quimbo y otras represas bajo construcción.
En octubre, la Asociación de Afectadxs por el Proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo-ASOQUIMBO, participó en dos encuentros internacionales que reunieron
personas de una variedad de comunidades y países impactados por represas y
otros proyectos minero-energéticos. En la comunidad de Retalteco en Petén,
Guatemala, personas de Ríos Vivos -Colombia- impactados por el ProyectoHidroeléctrico
el Quimbo, Hidrosogamoso (Santander) e Hidroituango (Antioquia) participaron en
el V
Encuentro de la Red Latinoamericano en Contra Represa (REDLAR) con personas de México, Centro y Sur
América. Zoila Ninco, un integrante de ASOQUIMBO y Ríos Vivos de La Jagua,
Huila explicó que “Poder venir a Guatemala y ver como el gobierno mantiene a
las comunidades que se oponen a las represas completamente abandonadas y que
las comunidades siguen firmes y unidas ante tanta desolación es un ejemplo e
inspiración de como tenemos que ser en contra del Quimbo”.
En el mismo momento se realizaba el encuentro de la REDLAR, ASOQUIMBO y el
Movimiento Ríos Vivos en Neiva y La Jagua, Huila llamado: “Encuentro
Internacional sobre Modelo Extractivista Minero Energético y por la Defensa de
los Territorios”.
Hubo participación de la Campaña Stop Enel, (centrado en Italia), del Pueblo
Maya Ixil impactado por la represa de Palo Viejo en Guatemala, y de Colombia
con la participación de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva
Campesinas (Anzorc) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
(ACIN). El encuentro culminó con una marcha que se inició en La
Jagua y término con una concentración en el parque central de Garzón.
Un aspecto de la licencia ambiental que la empresa responsable por el Proyecto
Hidroeléctrico El Quimbo, Emgesa-Endesa-Enel, ha constantemente ignorado es el
cuidado de los restos arqueológicos y patrimonio cultural de la zona de
afectación. En el municipio de El Agrado, a las orillas de la quebrada la
Yaguilga, está la comunidad tranquila de San José de Belén.
La capilla de San José de Belénha
sido reconocida como patrimonio
histórico y es la estructura más antigua del municipio ya que San José fue
fundado antes que El Agrado. Según la licencia ambiental la empresa está
obligada a reubicar la comunidad en su integridad con la capilla en su nueva
ubicación; Pero en lugar de cumplir con este deber la empresa está
intentando convencer a las personas de la comunidad (con sobornos en dinero)
para no cumplir con reubicar a las personas y la capilla colectivamente.
El
territorio que hoy en día está amenazado por el Proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo es el territorio de grandes pueblos indígenas como los Tama (los
mismos Payoguaje según unos), los Nasa, los llamados Andakí y los Yalcón. Todo el
territorio está repleto de evidencias de la presencia de nuestros antepasados;
piedras de moler, vasijas de cerámicas, narigueras, y las tumbas
(conocidos como Guacas) donde deberían seguir descansando.
Por medio de la licencia ambiental, Emgesa-Endesa-Enel y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)
han usado el Programa
de Arqueología Preventiva
como herramienta para robar
estos artículos
del territorio nombrándolos patrimonio nacional. La licencia también otorga todos los artículos y sus imágenes como propiedad intelectual de la empresa. Si no fuera por la buena voluntad de unos arqueólogos, lxs habitantes de la región no tendrian aceso a estos articulos, unos fechados entre uno a tres siglos antes de cristo. Según el ICANH la empresa está obligada a crear un museo con estos
objetos en una de las comunidades en la zona de afectación; hasta el momento no
se sabe dónde se va a ubicar ese museo, cuándo va a estar listo, quién lo va
administrar y si la entrada se va cobrar a las personas descendientes de los
Pueblos que tienen sus artículos en exposición.
A la vez que el Quimbo va avanzando, también lo hacen otros proyectos
hidroeléctricos planeados para el Huila. Aunque actualmente en trámite,
Emgesa-Endesa-Enel está esperando la aprobación por parte de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para iniciar el Proyecto
Hidroeléctrico Oporapa.
Sería una central hidroeléctrica de 280 MW, que afectaría los Municipios de
Isnos, Saladoblanco, Oporapa, Tarqui, Elias y Pitalito, incluyendo el Resguardo
Indígena Yanacona Rumiyaco. El Proyecto Hidroeléctrico Oporapa, como las otras
represas proyectadas para la Cuenca Alta del río Magdalena que son Isnos,
Guarapas, Chillurco, Oporapa, Pericongo, Paez, Aranzazu, La Plata y Paicol,
conforman lo que es la estrategia del gobierno nacional para privatizar el río
por medio del "Plan Maestro de Aprovechamiento del Río
Magdalena" que actualmente adelanta Cormagdalena en convenio con el
Gobierno de China, la empresa estatal Hydrochina, con un presupuesto de
cooperación superior a los seis millones de dólares.
Desde hace más de un año en las veredas de La Escalereta, el Balseadero y San
José de Belén, cuando Emgesa-Endesa-Enel compra un predio con una casaésta
misma se encarga de demoler de manera inmediata la estructura sin mayor
conciencia del impacto socio-psicológico en las personas que aún están
poblando estas comunidades. Además de estas comunidades están los predios que
la empresa necesita comprar que no han logrado adquirir, alrededor de 150
predios, que según el director del Quimbo, Antonio Sarmiento, los propietarios:
se “niegan
a vender o piden un costo muy alto”.
En enero
2014, la mayoría de estos propietarios ya recibieron órdenes de expropiación
por medio del Estado. ASOQUIMBO con la Organización
Jurídica Tierra Digna
están actualmente trabajando con los propietarios y otros sectores cuyos
derechos han sido desconocidos por la empresa y el Estado. Joaquín Ávila Ramos,
uno de los hermanos que pertenece a una de las familias de la Jagua que
recibieron orden de expropiación , contó que: “estas tierras nos han dado el
sustento de vivir. Somos 8 hermanos y nuestra madre, cada uno independiente, y
la empresa nos quiere arreglar a todos juntos con $17 millones de pesos a cada
uno que no es el valor real por las 16 hectáreas rodeadas por los ríos
Magdalena y Suaza”.
A
comienzos de febrero del 2014 un periodista de la región, Carlos Cardozo,
documentó una tala extensiva de bosque seco tropical realizado por
Emgesa-Endesa-Enel a las orillas de la vía nacional entre Garzón y Ríoloro.
Como resultado de talar varias hectáreas de bosque los habitantes de la zona
han visto animales como el tigrillo, venado,
zorro, coati, zarigüeya y una variedad de serpientes que han sido asesinados en su intento de huir de la
destrucción. Según Cardozo los habitantes de la región “nunca
antes visto estos animales por este sector”.
Aunque la
gerencia del Quimbo dice que la obra está un 55% terminado y usan este dato
para distraer a las personas, todavía faltan muchos requisitos para que la
empresa cumpla con la licencia ambiental. A lo largo de este camino, en defensa
del territorio y ante el desplazamiento forzado por parte del Estado para
mantener la “confianza inversionista” de la empresa multinacional, la
experiencia de las personas afectadas por El Quimbo es que al Estado se le
tiene que obligar a cumplir con sus deberes hacia la población, y esto solo se
logrará por vías de hecho. En los próximos meses seguirán distintos actos de
acciones directas no violentas y también jurídicas exigiendo que el Estado
obligue a la empresa a cumplir con sus deberes hacia la población
afectada.