domingo, febrero 09, 2014

El Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo sigue sin cumplir su licencia ambiental


Meses después de los desalojos de tierras, ASOQUIMBO sigue exigiendo el cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
 

A raíz de los desalojos que se iniciaron el 24 de septiembre del año pasado en varias fincas alrededor de La Jagua, Garzon y Gigante, todas en la zona afectada por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo,  las comunidades afectadas continúan  movilizándose y  denunciando la construcción  de la represa que actualmente sigue  sobre el río Magdalena.

Durante el pasado año y por varias semanas, el profesor Miller Dussan de la Universidad Sur Colombiana, realizó una serie de charlas en distintas ciudades de la costa atlántica de los Estados Unidos como Boston, New York y Washington D.C.  donde denunció los atropellos y la represión  que son víctimas los Huilenses a manos del Estado y los gerentes del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo. En una conversación con Brent Blackwelder, de la organización Amigos de la Tierra, se tomó como ejemplo el Sistema nacional de Ríos Silvestres y Escénicos, un proyecto de ríos protegidos que se impulsó en EE.UU en 1973, el cual se intenta convertir en una iniciativa  internacional.  Como parte de las denuncias Isabel Cristina Zuleta, representante de Ríos Vivos, denunció los proyectos hidroeléctricos en Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó medidas cautelares y la suspensión de El Quimbo y otras represas bajo construcción.


En octubre, la Asociación de Afectadxs por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo-ASOQUIMBO, participó en dos encuentros internacionales que reunieron personas de una variedad de comunidades y países impactados por represas y otros proyectos minero-energéticos. En la comunidad de Retalteco en Petén, Guatemala, personas de Ríos Vivos -Colombia- impactados por el ProyectoHidroeléctrico el Quimbo, Hidrosogamoso (Santander) e Hidroituango (Antioquia) participaron en el
V Encuentro de la Red Latinoamericano en Contra Represa (REDLAR) con personas de México, Centro y Sur América. Zoila Ninco, un integrante de ASOQUIMBO y Ríos Vivos de La Jagua, Huila explicó que “Poder venir a Guatemala y ver como el gobierno mantiene a las comunidades que se oponen a las represas completamente abandonadas y que las comunidades siguen firmes y unidas ante tanta desolación es un ejemplo e inspiración de como tenemos que ser en contra del Quimbo”.

En el mismo momento se realizaba el encuentro de la REDLAR, ASOQUIMBO y el Movimiento Ríos Vivos en Neiva y La Jagua, Huila llamado: “Encuentro Internacional sobre Modelo Extractivista Minero Energético y por la Defensa de los Territorios”. Hubo participación de la Campaña Stop Enel, (centrado en Italia), del Pueblo Maya Ixil impactado por la represa de Palo Viejo en Guatemala, y de Colombia con la participación de la  Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas (Anzorc) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). El encuentro  culminó con una marcha que se inició en  La Jagua y término con una concentración en el parque central de Garzón.

Un aspecto de la licencia ambiental que la empresa responsable por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Emgesa-Endesa-Enel, ha constantemente ignorado es el cuidado de los restos arqueológicos y patrimonio cultural de la zona de afectación.  En el municipio de El Agrado, a las orillas de la quebrada la Yaguilga, está la comunidad tranquila de San José de Belén. La capilla de San José de Belén ha sido  reconocida como patrimonio histórico y es la estructura más antigua del municipio ya que San José fue fundado antes que El Agrado.  Según la licencia ambiental la empresa está obligada a reubicar la comunidad en su integridad con la capilla en su nueva ubicación; Pero en lugar  de cumplir con este deber la empresa está intentando convencer a las personas de la comunidad (con sobornos en dinero) para no cumplir con reubicar a las personas y la capilla colectivamente.

El territorio que hoy en día está amenazado por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo es el territorio de grandes pueblos indígenas como los Tama (los mismos Payoguaje según unos), los Nasa, los llamados Andakí y los Yalcón. Todo el territorio está repleto de evidencias de la presencia de nuestros antepasados;  piedras de moler, vasijas de cerámicas, narigueras, y las tumbas (conocidos como Guacas) donde deberían seguir descansando.

Por medio de la licencia ambiental, Emgesa-Endesa-Enel y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)  han  usado el Programa de Arqueología Preventiva como herramienta para robar estos artículos del territorio nombrándolos patrimonio nacional. La licencia también otorga todos los artículos y sus imágenes como  propiedad intelectual de la empresa. Si no fuera por la buena voluntad de unos arqueólogos, lxs habitantes de la región  no tendrian aceso a estos articulos, unos fechados entre uno a tres siglos antes de cristo. Según el ICANH la empresa está obligada a crear un museo con estos objetos en una de las comunidades en la zona de afectación; hasta el momento no se sabe dónde se va a ubicar ese museo, cuándo va a estar listo, quién lo va administrar y si la entrada se va cobrar a las personas descendientes de los Pueblos que tienen sus artículos en exposición.

A la vez que el Quimbo va avanzando, también lo hacen otros proyectos hidroeléctricos planeados para el Huila. Aunque actualmente en trámite, Emgesa-Endesa-Enel está esperando la aprobación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para iniciar el
Proyecto Hidroeléctrico Oporapa. Sería una central hidroeléctrica de 280 MW, que afectaría los Municipios de Isnos, Saladoblanco, Oporapa, Tarqui, Elias y Pitalito, incluyendo el Resguardo Indígena Yanacona Rumiyaco. El Proyecto Hidroeléctrico Oporapa, como las otras represas proyectadas para la Cuenca Alta del río Magdalena que son Isnos, Guarapas, Chillurco, Oporapa, Pericongo, Paez, Aranzazu, La Plata y Paicol, conforman lo que es la estrategia del gobierno nacional para privatizar el río por medio del  "Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena" que actualmente adelanta Cormagdalena en convenio con el Gobierno de China, la empresa estatal Hydrochina, con un  presupuesto de cooperación superior a los seis millones de dólares.

Desde hace más de un año en las veredas de La Escalereta, el Balseadero y San José de Belén, cuando Emgesa-Endesa-Enel compra un predio con una casaésta misma se encarga de demoler de manera inmediata la estructura sin mayor conciencia del impacto socio-psicológico en las personas que aún  están poblando estas comunidades. Además de estas comunidades están los predios que la empresa necesita comprar que no han logrado adquirir, alrededor de 150 predios, que según el director del Quimbo, Antonio Sarmiento, los propietarios: se “niegan a vender o piden un costo muy alto”.

En enero 2014, la mayoría de estos propietarios ya recibieron órdenes de expropiación por medio del Estado.  ASOQUIMBO con la Organización Jurídica Tierra Digna están actualmente trabajando con los propietarios y otros sectores cuyos derechos han sido desconocidos por la empresa y el Estado. Joaquín Ávila Ramos, uno de los hermanos que pertenece a una de las familias de la Jagua que recibieron orden de expropiación , contó que: “estas tierras nos han dado el sustento de vivir. Somos 8 hermanos y nuestra madre, cada uno independiente, y la empresa nos quiere arreglar a todos juntos con $17 millones de pesos a cada uno que no es el valor real  por las 16 hectáreas rodeadas por los ríos Magdalena y Suaza”.

A comienzos de febrero del 2014 un periodista de la región, Carlos Cardozo, documentó una tala extensiva de bosque seco tropical realizado por Emgesa-Endesa-Enel a las orillas de la vía nacional entre Garzón y Ríoloro. Como resultado de talar varias hectáreas de bosque los habitantes de la zona han visto animales como el tigrillo, venado,  zorro, coati, zarigüeya y una variedad de serpientes que han sido  asesinados en su intento de huir de la destrucción. Según Cardozo los habitantes de la región “nunca antes visto estos animales por este sector”.

Aunque la gerencia del Quimbo dice que la obra está un 55% terminado y usan este dato para distraer a las personas, todavía faltan muchos requisitos para que la empresa cumpla con la licencia ambiental. A lo largo de este camino, en defensa del territorio y ante el desplazamiento forzado por parte del Estado para mantener la  “confianza inversionista” de la empresa multinacional, la experiencia de las personas afectadas por El Quimbo es que al Estado se le tiene que obligar a cumplir con sus deberes hacia la población, y esto solo se logrará por vías de hecho. En los próximos meses seguirán distintos actos de acciones directas no violentas y también jurídicas exigiendo que el Estado obligue a la empresa a cumplir con sus deberes hacia la población afectada.