Iniciando en la
mañana del martes 24 de octubre, en el Municipio de Altamira, Huila, y
acogidos por el Amparo Policial de Emgesa-Endesa-Enel interpuesto ante el
alcalde encargado, la policía anti disturbios (ESMAD) inicio
el desalojo violento de las tierras liberadas por las personas afectadas por el
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (ASOQUIMBO).
Integrantes de ASOQUIMBO y el colectivo Jaguos por el Territorio fueron
gravemente heridos hoy, en un uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD
hacia los y las campesinos presentes. La semana del 30 de agosto los desalojas siguen en las fincas de la zona de Majo en el Municipio de Garzón y en La Honda en el Municipio de Gigante. 
Alexander
Naranjo, un campesino de la Jagua fue detenido, esposado y aislado;
posteriormente fue puesto en libertad. Los procedimientos excesivos del ESMAD
fueron evidentes según muestra el
maltrato a la integridad física del campesino Don Luis, el uso de
proyectiles y el uso de maquinaria pesada para arrasar con los cultivos de las
personas trabajando la tierra. En la zona hay más de 100 campesinos que han
recuperado tierras para el cultivo y producción de alimentos, luego de que fueran compradas e inutilizadas por Emgesa.
Previo
a este injusto desalojo, los
campesinos habían presentado a la Alcaldesa y al Personero de Altamira la verificación de los casos. También se habían propuesto
justificaciones para ocupar los predios la Virginia, Utica, Guipa, Guapas y Olivos, en
el Municipio de Altamira. Como garante del ejercicio se propuso el Programa Presidencial de Derechos Humanos, en cabeza
de la Dra. Fabiola Castillo Reina, quien coordina la Estrategia de
"Gobernanza" para la protección de los derechos de los
Afectados por El Quimbo. Sin embargo, la
Dra Fabiola, se declaró impotente para intervenir, y desde que comenzó el
desalojo no responde al teléfono.
Tras
la recuperación de la tierras, los campesinos las han cultivado para su
sustento diario, ya que la Multinacional
los dejó desempleados y el Estado ha desconocido sus derechos. Algunos de los
campesinos están reconocidos en los censos de Emgesa, otros no. Sin embargo, la
Contraloría General de República, CGR, ya ha comprobado que los censos deben
complementarse puesto que se realizaron al acomodo de la Empresa.
La
CGR mediante Oficio de Agosto 23 de 2012, presentó el informe final obtenido en
desarrollo de la “Denuncia de Participación Ciudadana -Censo Desarrollado por
Emgesa sobre los Beneficiarios del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, y anunció
el “envío de comunicación al Ministerio del Medio Ambiente, Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la
Nación, para que se tomen las acciones inmediatas al Censo practicado por
Emgesa”. El ente de control encontró
graves fallas en el censo de Emgesa realizado para identificar la población
afectada por el proyecto. Se excluyeron
numerosas personas y familias impactadas, que cumplen con las condiciones para
ser indemnizadas y censadas, concluyendo que ¨el censo continua abierto y que
existen herramientas para corregirlo”.
A pesar de esto, la empresa Emgesa-Endesa-Enel continua desinformando a la opinión pública mediante comunicados de prensa, su sitio de internet, y por medio de sus redes sociales, tales como twitter. La empresa se empecina en calificar a los campesinos como “invasores” de sus propias tierras ancestrales, y se niega a reconocer que su adquisición de esas tierras fue ilegal y mal habida. Es necesario recordar que el 14 de Junio del año 2011, el Ministerio de Ambiente mediante res. 1096 interpuso medida preventiva a Emgesa-Endesa-Enel por el desplazamiento y pérdida de empleo que generaba con la compra de predios. Sin embargo, esta misma autoridad con base en un documento elaborado por la propia compañía constructora y sin ninguna verificación de campo con las comunidades afectadas, levantó las medidas preventivas a través del acto administrativo 0123 del 29 de Noviembre del 2011, bajo el supuesto un “comodato reestructurado que permitía la permanencia de los campesinos en las tierras”, por medio del cual la empresa estaba en la obligación de restituir la actividad productiva, tal como lo exige la licencia ambiental.
En descarado irrespeto a
la vigencia de dicha medida preventiva,
Emgesa-Endesa-Enel sigue burlándose de las comunidades afectadas y de las
instituciones del Estado, pues continua con la compra de predios y
desplazando a campesinos. Es evidente la complicidad del Estado
Colombiano con las corporaciones transnacionales. La Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales es la encargada de configurar la normatividad para
aparentar la “legalidad” en la realización de los proyectos minero-
energéticos.
Solicitamos
la Solidaridad de los medios de Comunicación, Organizaciones de Derechos
Humanos y Ciudadanía para denunciar este atropello contra la dignidad y los
derechos humanos de los Huilenses, en este nuevo episodio en que el Estado
muestra estar al servicio de los intereses de Emgesa-Endesa-Enel.
En el
lugar de los acontecimientos pueden contactar a:
Alexander
Naranjo. 3204633118
Zoila
María Ninco 3213243344
Don
Francisco Castro 3134025817
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