martes, septiembre 24, 2013

Campesinos desplazados por El Quimbo defienden sus cultivos de la fuerza destructiva del Estado

Iniciando en la mañana del martes 24 de octubre,  en el Municipio de Altamira, Huila, y acogidos por el Amparo Policial de Emgesa-Endesa-Enel interpuesto ante el alcalde encargado, la policía anti disturbios (ESMAD) inicio el desalojo violento de las tierras liberadas por las personas afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (ASOQUIMBO). Integrantes de ASOQUIMBO y el colectivo Jaguos por el Territorio fueron gravemente heridos hoy, en un uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD hacia los y las campesinos presentes. La semana del 30 de agosto los desalojas siguen en las fincas de la zona de Majo en el Municipio de Garzón y en La Honda en el Municipio de Gigante. 

Alexander Naranjo, un campesino de la Jagua fue detenido, esposado y aislado; posteriormente fue puesto en libertad. Los procedimientos excesivos del ESMAD fueron evidentes según muestra el  maltrato a la integridad física del campesino Don Luis, el uso de proyectiles y el uso de maquinaria pesada para arrasar con los cultivos de las personas trabajando la tierra. En la zona hay más de 100 campesinos que han recuperado tierras para el cultivo y producción de alimentos, luego de que  fueran compradas e inutilizadas por Emgesa.

Previo a este injusto desalojo, los campesinos habían presentado a la Alcaldesa y al Personero  de Altamira la verificación de los casos.  También se  habían propuesto justificaciones para ocupar los predios la Virginia,  Utica, Guipa, Guapas y Olivos, en el Municipio de Altamira.  Como garante del ejercicio se propuso el Programa Presidencial de Derechos Humanos, en cabeza de la Dra. Fabiola Castillo Reina, quien coordina la Estrategia de "Gobernanza" para la protección  de los derechos de los Afectados por El Quimbo. Sin embargo,  la Dra Fabiola, se declaró impotente para intervenir, y desde que comenzó el desalojo no responde al teléfono.

Tras la recuperación de la tierras, los campesinos las han cultivado para su sustento diario,  ya que la Multinacional los dejó desempleados y el Estado ha desconocido sus derechos. Algunos de los campesinos están reconocidos en los censos de Emgesa, otros no. Sin embargo, la Contraloría General de República, CGR, ya ha comprobado que los censos deben complementarse puesto que se realizaron al acomodo de la Empresa.

La CGR mediante Oficio de Agosto 23 de 2012, presentó el informe final obtenido en desarrollo de la “Denuncia de Participación Ciudadana -Censo Desarrollado por Emgesa sobre los Beneficiarios del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, y anunció el “envío de comunicación al Ministerio del Medio Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, para que se tomen las acciones inmediatas al Censo practicado por Emgesa”.  El ente de control encontró graves fallas en el censo de Emgesa realizado para identificar la población afectada por el proyecto.  Se excluyeron numerosas personas y familias impactadas, que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas, concluyendo que ¨el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo”.
 
 A pesar de esto, la empresa Emgesa-Endesa-Enel continua desinformando  a la opinión pública mediante comunicados de prensa, su sitio de internet, y por medio de sus  redes sociales, tales como twitter. La empresa se empecina en calificar a los campesinos como  “invasores” de sus propias tierras ancestrales, y  se niega a reconocer que su adquisición de esas tierras fue ilegal y mal habida. Es necesario recordar  que el 14 de Junio del año 2011, el Ministerio de Ambiente mediante res. 1096 interpuso medida preventiva a  Emgesa-Endesa-Enel por el desplazamiento y  pérdida de empleo que  generaba con la compra de predios.  Sin embargo, esta misma autoridad con base en un documento elaborado por la propia compañía constructora y sin ninguna verificación de campo con las comunidades afectadas, levantó las medidas preventivas a través del acto administrativo 0123 del 29 de Noviembre del 2011, bajo el supuesto un “comodato reestructurado que permitía la permanencia de los campesinos en las tierras”, por medio del cual la empresa estaba  en la obligación de restituir la actividad productiva, tal como lo exige la licencia ambiental. En descarado irrespeto a la  vigencia de dicha medida preventiva, Emgesa-Endesa-Enel sigue burlándose de las comunidades afectadas y de las  instituciones del Estado, pues continua con la compra de predios y desplazando a  campesinos. Es evidente la complicidad del Estado Colombiano con las corporaciones transnacionales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es la encargada de configurar la normatividad para aparentar la “legalidad” en la realización de los proyectos minero- energéticos.
 
Solicitamos la Solidaridad de los medios de Comunicación, Organizaciones de Derechos Humanos y Ciudadanía para denunciar este atropello contra la dignidad y los derechos humanos de los Huilenses, en este nuevo episodio en que el Estado muestra estar al servicio de los intereses de Emgesa-Endesa-Enel.

En el lugar de los acontecimientos pueden contactar a:

Jennifer Chavarro Quino. 3147891727
Alexander Naranjo.   3204633118
Zoila María Ninco     3213243344
Don Francisco Castro   3134025817