viernes, enero 22, 2010
lunes, enero 11, 2010
DECLARACIÓN DE LA ASOCIACION DE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO -“ASOQUIMBO”-
La Asamblea General de Asoquimbo representativa de las veredas y centros poblados de los municipios de Agrado, Gigante y Garzón, (zona El Quimbo, La Escalereta, San José de Belén, La Yaguilga, Balseadero, Matambo, Río Loro, Veracruz, La Honda, entre otras) reunida en el Centro Poblado Rioloro, Inspección de Gigante Huila, el 20 de diciembre de 2009, aprobó por unanimidad dirigirse a los Gobiernos Departamental y Nacional, al Ministerio de Ambiente, a la Procuraduría General de la Nación y a organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos con el objeto de expresar su posición en torno al proyecto de construir la hidroeléctrica El Quimbo, el proceso de resistencia en defensa del territorio y demandar la reparación por los daños y perjuicios materiales y psicológicos causados a los afectados de la zona por la aplicación de la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008.1.- La construcción del megaproyecto El Quimbo hace parte de un ‘negocio’ de generación exclusiva de energía para exportación en el que priman los intereses particulares sobre el interés público. No existe garantía de mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, ni de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. No hay un compromiso real con la protección de los ecosistemas. Atenta contra la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, las economías campesinas y las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia. Al inundar y destruir miles de hectáreas de vegetación nativa aporta al calentamiento global al lanzar a la atmósfera gases como el dióxido de carbono y el metano y desplaza cerca de 500 familias, más de 1500 personas residentes, vulnerando abiertamente la Carta de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y generando una situación de conflicto sin antecedentes en la región. La corrupción, el soborno, el clientelismo, el autoritarismo y la negación de la participación de las comunidades en la toma de decisiones han caracterizado el comportamiento de las élites gubernamentales, empresariales y políticas tradicionales que defienden a ultranza el proyecto.
2.- La Resolución 321 que declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo” se expidió sin consultar a los afectados y sin la previa sustracción del 95% del área de El Quimbo que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía. La medida ha causado daños a las actividades productivas de las comunidades y personas por la imposibilidad de acceder a las fuentes crediticias, la negación de subsidios estatales e inversiones en infraestructura y redes prestadoras de servicios sociales y, especialmente, por la incertidumbre generada con relación al futuro de nuestros proyectos de vida, por parte de Emgesa, que aún no ha “dimensionado el impacto en términos de los valores económicos afectados y las correspondientes medidas de manejo” y los efectos psicosociales tal como quedó consignado en la licencia ambiental. La Asamblea de Asoquimbo de manera unánime demanda del Gobierno y de Emgesa la inmediata “indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida”, la atención psicosocial de todos los afectados y exige a las autoridades municipales y a la defensoría del pueblo asuman su responsabilidad en defensa de los intereses de todos los grupos poblacionales de la Zona de El Quimbo.
3.- Para enero de 2010 se ha previsto la aprobación del “Manual de valoración de predios” por parte de la Comisión Tripartita integrada por los representantes del Instituto Agustín Codazzi, Emgesa y propietarios y poseedores de El Quimbo. No existe ninguna garantía para que la Comisión reconozca los valores reales de los bienes inmuebles por su composición mayoritaria al servicio de Emgesa que ya está haciendo ofertas por debajo de las aspiraciones de los afectados que hoy se resisten a vender sus predios a menos precio, generando confrontaciones con representantes de la transnacional. La Asamblea de Asoquimbo aprueba que con anticipación a la decisión prevista por la comisión tripartita se convoque a los afectados con el fin de acordar los valores de sus bienes. Además, los asistentes decidimos que sólo aceptaremos la restitución y compensación de todos nuestros bienes materiales e inmateriales en igualdad o mejores condiciones a los afectados, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo.
4.- Emgesa viene presionando, a través del engaño, la compra directa y la firma de contratos de compraventa con el propósito de evitar el pago de indemnizaciones por los daños causados y la restitución de tierras con riego así como de la actividad económica que demandarían mayores inversiones que serían más favorables para las poblaciones afectadas. Además, la empresa sabe de la imposibilidad de adquirir predios en igualdad o mejores condiciones a los que serían inundados. La Asamblea condena la actitud de Emgesa por considerarla contraria a la ética de responsabilidad social empresarial y convoca a todos los afectados a negarse a firmar este tipo de documento por cuanto lesionaría gravemente su patrimonio económico, social y cultural.
5.- Celebrar la realización de la Audiencia Pública el pasado 2 de noviembre, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de analizar el impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente ocasionado por la construcción de grandes represas en América Latina. Resaltamos que este tema haya sido considerado de especial interés por la Comisión y que haya optado por el seguimiento y estudio de casos de afectación de derechos humanos y ambientales en cada país para lo cual se enviarán Misiones Especiales. Así mismo destaca las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables, celebrado el 5 y 6 de noviembre de 2009 en Neiva, especialmente, el fortalecimiento de la Red Nacional de Resistencia contra los megaproyectos y el proceso de construcción del Campamento Internacional por la defensa del territorio, el río Magdalena, el Macizo Colombiano y las Comunidades.
6.- En la licencia ambiental se incluyó el “Proyecto de apoyo a la gestión administrativa local y reestructuración de los esquemas y planes de ordenamiento” para todos los municipios del área de influencia, que incluye la formulación de un Plan de Ordenamiento Regional, donde Emgesa hará parte activa del Consejo Territorial de Planeación. Para la implementación de éste proyecto por iniciativa de Huipaz y la Agencia Habitat de las Naciones Unidas, se convocó a una reunión cerrada con los mandatarios locales, miembros de los Consejos Departamental y Municipales de Planeación y los gremios productivos, realizada el pasado 11 de noviembre en la Casona de Gigante Huila y que el periódico La Nación resume bajo el titulo "ONU acompañará POT para El Quimbo" (16 de noviembre) Fueron excluidos los representantes de las comunidades afectadas por la construcción del embalse, razón por la cual líderes de Asoquimbo, sin ser invitados, se hicieron presentes en la reunión y cuestionaron el comportamiento excluyente de Huipaz y la Agencia Hábitat, que actuaron en contravía del rol que deberían cumplir, en contraste con el apoyo que viene suministrando la oficina del PNUD. Preguntaron ¿Por qué hasta ahora aparece ONU Habitat a brindar asesoría cuando El proyecto hidroeléctrico El Quimbo no es una realidad? La Asamblea de Asoquimbo rechaza esta actitud autoritaria y excluyente y exige a Minambiente y a la Agencia Hábitat de la ONU explicación de su comportamiento teniendo en cuenta que la Constitución Política establece la participación de las comunidades en los procesos de desarrollo territorial integral.
7- Como alternativa al negocio de El Quimbo de Emgesa y el gobierno, que no será una realidad, la Asamblea de Asoquimbo propone convertir la Zona de El Quimbo en una gran reserva campesina empresarial agroalimentaria con amplia financiación del Estado, en particular, para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan estas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses. Esta propuesta garantiza la preservación de nuestros ecosistemas, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia con fundamento en el desarrollo equitativo y sostenible.
En representación de los participantes de la Asamblea de Asoquimbo y en cumplimiento de sus decisiones, firmamos esta Declaración en el Centro Poblado Rioloro, Inspección de Gigante Huila, el 20 de diciembre de 2009.
Por la Junta Directiva de Asoquimbo firman el original:
OTONIEL RINCÓN
C. C.55.111.405
VICEPRESIDENTE
JAIRO CALDERÓN
C. C. 4.904.565 C. C. 12.196.438
SECRETARIO GENERAL TESORERO
CARLOS PALOMINO C.C.
12.205.836
VOCAL
Siguen firmas de representantes de Matambo, La Escalereta, La Libertad, Remolinos, Rioloro, Honda, Rodapasos.
Update on Norte del Cauca situation
Dear Supporters of Afro-Colombian Rights,
We are happy to report that your calls and efforts on behalf of the Afro-Colombian and Indigenous communities in the municipalities of Buenos Aires and Suarez ( Cauca ) resulted in the Colombian government taking steps that will help protect the lives of members of these communities. On December 17, 2009 a meeting took place between the Colombian authorities (Presidential Program for Human Rights- PPDDHH, Ministry of Justice, Ministry of Mines, Ministry of the Environment, Public Prosecutor for Human Rights and Department of Foreign Affairs) and leaders belonging to the Black Communities Process (PCN), the Community Council of La Toma, the Municipal Human Rights Committee of Buenos Aires, the Association of Women of Buenos Aires and NGO Sembrar.
At this meeting the Colombian authorities agreed to do as follows:
Protection:
1) Leaders who are under threat that are currently outside of the areas will be given temporary relocation assistance. This assistance will be given the week of December 21st.
2) Colombian authorities will conduct a security risk analysis so that these leaders can return to the area ( Cauca ).
3) Authorities will be looking out for other requests regarding security involving other members and their families of these areas.
4) The community leaders requested that the Colombian authorities provide relocation assistance for the office of PCN that is currently situated in La Balsa de Santander de Quilichao. The authorities agreed to consider this request in January so that PCN can continue to work in this area of the country.
5) Authorities will put into place protocols for how they should respond to future emergencies concerning the physical security of leaders.
Persons responsible on the part of the authorities for carrying out the above: Diana Botero-PPDDH and Flor Romero of the Protection Unit of the Ministry of Justice.
Mining and Environment Titles:
1) The organizations will send the listing of land titles that violate the previous consultation process and law 70 of the black communities to the Ministry of Mines and Energy so that this Ministry can review them and respond in terms of whether or not such titles should be suspended and whether or not new titles need to be granted to the communities in question.
2) At minimum, the Ministry of the Environment will locate the environmental plan pertaining to Salvajina and review it to assess whether or not EPSA is violating the terms of the title when it comes to Afro-Colombians and Indigenous communities' right to previous consultation.
3) They will organize the next Regional Corporation for Cauca (mixed governmental and non-governmental environmental entity responsible for Cauca ) meeting.
4) They will look for and send to the communities the information they are requesting in terms of how these communities can become involved in the environmental assessments made for the use of these territories.
Community Councils and Constitutional Court Order 005 on Afro-Colombian IDPs:
1) The community councils have asked that nine of the community councils that have requested their incorporation for the past two years (with little response) are in fact incorporated. These include the following community councils located in the municipality of Buenos Aires : Cerro Teta, Brisas del Rio Cauca and Alsacia. For the municipality of Suarez these include: La Toma, Asnazu, Las Brisas, Mindala and Las Mesetas and Robles. The authorities took note of this.
2) In terms of implementing the recommendations made in Constitutional Court Order 005 of January 2009 pertaining to internally displaced Afro-Colombians in the areas of Cauca in question, it was decided that the Direction for Afro-Colombian Affairs will respond the week of December 21 on what steps will be taken to implement this Order in this area of the country.
Investigations:
1) The Public Prosecutor for Human Rights will unify the various investigations that exist concerning threats against members of these communities into one case. This will be done internally by this entity in order to streamline the response.
2) The Public Prosecutor for Human Rights will decide who should be responsible for this investigation-whether it should be dealt with in Bogota or at the regional level in Cauca . The week of December 21st the authorities will decide this.
3) The authorities will provide periodic updates on how these investigations are going.
4) A person will be appointed to serve as the liaison between the communities and the Public Prosecutor for Human Rights.
Agreements and Responsibilities Directly Attributed to the Presidential Human Rights Program:
1) Starting the week of January 4th, Hermedis Gutierrez, official from the PPDDHH program in zone 2 will be present in the areas in question every 15 days. Mr. Gutierrez will be responsible for monitoring the threats against Afro-Colombians residing in the municipalities of Buenos Aires , Suarez and Morales.
2) In January, after the 12th, this entity will convene an internal meeting whereby a contingency plan will be developed. This plan will include a general analysis of the situation and steps that will be taken to deal with issues surrounding mining licenses, environmental plan for Salvajina, protection of these communities, formal recognition of the community councils, Constitutional Court Order 005 and investigations to be undertaken by the Public Prosecutor for Human Rights.
3) Carlos Franco discussed the security situation in these municipalities with Coronel Murcia. It was decided that the liaison for these communities concerning threats and security is Coronel Chavez. He is now the person in charge of monitoring the security situation in the area and attempting to clarify where the threats against the Afro-Colombian leaders originated, as well as the person responsible for addressing the presence of illegal armed groups in this region.
4) All new incidents concerning these communities Hill be directed to Remedís Gutierrez, Sandra Navaez, Diana Botero and Carlos Franco. These are the persons who should receive the information first. After these authorities received the information then the municipal human rights ombudsmen or PCN must send the information to the security forces in the area.
5) The communities' request for a community ombudsman in the area will be sent to the Human Rights Ombudsman.
While the security threats against leaders remain and the situation is far from being resolved, the fact that the meeting took place and that it resulted in the Colombian authorities agreeing to act in order to address the security concerns of the communities is a step forward. This step would not have happened if persons like you had not intervened and urged members of the U.S. Congress and the U.S. Department of State to act. Thank you for the actions taken.
We will continue to monitor the situation and keep you informed of further developments.
Sincerely,
Gimena Sanchez, WOLA
Charo Mina Rojas and Marino Cordoba , AFRODES USA
--
Afro-Colombian News
Rising Awareness on Afro-Colombian Grassroots Communities Struggle
http://www.afrocolombians.com/Afro-Colombian%20News/Main%20Page.html
We are happy to report that your calls and efforts on behalf of the Afro-Colombian and Indigenous communities in the municipalities of Buenos Aires and Suarez ( Cauca ) resulted in the Colombian government taking steps that will help protect the lives of members of these communities. On December 17, 2009 a meeting took place between the Colombian authorities (Presidential Program for Human Rights- PPDDHH, Ministry of Justice, Ministry of Mines, Ministry of the Environment, Public Prosecutor for Human Rights and Department of Foreign Affairs) and leaders belonging to the Black Communities Process (PCN), the Community Council of La Toma, the Municipal Human Rights Committee of Buenos Aires, the Association of Women of Buenos Aires and NGO Sembrar.
At this meeting the Colombian authorities agreed to do as follows:
Protection:
1) Leaders who are under threat that are currently outside of the areas will be given temporary relocation assistance. This assistance will be given the week of December 21st.
2) Colombian authorities will conduct a security risk analysis so that these leaders can return to the area ( Cauca ).
3) Authorities will be looking out for other requests regarding security involving other members and their families of these areas.
4) The community leaders requested that the Colombian authorities provide relocation assistance for the office of PCN that is currently situated in La Balsa de Santander de Quilichao. The authorities agreed to consider this request in January so that PCN can continue to work in this area of the country.
5) Authorities will put into place protocols for how they should respond to future emergencies concerning the physical security of leaders.
Persons responsible on the part of the authorities for carrying out the above: Diana Botero-PPDDH and Flor Romero of the Protection Unit of the Ministry of Justice.
Mining and Environment Titles:
1) The organizations will send the listing of land titles that violate the previous consultation process and law 70 of the black communities to the Ministry of Mines and Energy so that this Ministry can review them and respond in terms of whether or not such titles should be suspended and whether or not new titles need to be granted to the communities in question.
2) At minimum, the Ministry of the Environment will locate the environmental plan pertaining to Salvajina and review it to assess whether or not EPSA is violating the terms of the title when it comes to Afro-Colombians and Indigenous communities' right to previous consultation.
3) They will organize the next Regional Corporation for Cauca (mixed governmental and non-governmental environmental entity responsible for Cauca ) meeting.
4) They will look for and send to the communities the information they are requesting in terms of how these communities can become involved in the environmental assessments made for the use of these territories.
Community Councils and Constitutional Court Order 005 on Afro-Colombian IDPs:
1) The community councils have asked that nine of the community councils that have requested their incorporation for the past two years (with little response) are in fact incorporated. These include the following community councils located in the municipality of Buenos Aires : Cerro Teta, Brisas del Rio Cauca and Alsacia. For the municipality of Suarez these include: La Toma, Asnazu, Las Brisas, Mindala and Las Mesetas and Robles. The authorities took note of this.
2) In terms of implementing the recommendations made in Constitutional Court Order 005 of January 2009 pertaining to internally displaced Afro-Colombians in the areas of Cauca in question, it was decided that the Direction for Afro-Colombian Affairs will respond the week of December 21 on what steps will be taken to implement this Order in this area of the country.
Investigations:
1) The Public Prosecutor for Human Rights will unify the various investigations that exist concerning threats against members of these communities into one case. This will be done internally by this entity in order to streamline the response.
2) The Public Prosecutor for Human Rights will decide who should be responsible for this investigation-whether it should be dealt with in Bogota or at the regional level in Cauca . The week of December 21st the authorities will decide this.
3) The authorities will provide periodic updates on how these investigations are going.
4) A person will be appointed to serve as the liaison between the communities and the Public Prosecutor for Human Rights.
Agreements and Responsibilities Directly Attributed to the Presidential Human Rights Program:
1) Starting the week of January 4th, Hermedis Gutierrez, official from the PPDDHH program in zone 2 will be present in the areas in question every 15 days. Mr. Gutierrez will be responsible for monitoring the threats against Afro-Colombians residing in the municipalities of Buenos Aires , Suarez and Morales.
2) In January, after the 12th, this entity will convene an internal meeting whereby a contingency plan will be developed. This plan will include a general analysis of the situation and steps that will be taken to deal with issues surrounding mining licenses, environmental plan for Salvajina, protection of these communities, formal recognition of the community councils, Constitutional Court Order 005 and investigations to be undertaken by the Public Prosecutor for Human Rights.
3) Carlos Franco discussed the security situation in these municipalities with Coronel Murcia. It was decided that the liaison for these communities concerning threats and security is Coronel Chavez. He is now the person in charge of monitoring the security situation in the area and attempting to clarify where the threats against the Afro-Colombian leaders originated, as well as the person responsible for addressing the presence of illegal armed groups in this region.
4) All new incidents concerning these communities Hill be directed to Remedís Gutierrez, Sandra Navaez, Diana Botero and Carlos Franco. These are the persons who should receive the information first. After these authorities received the information then the municipal human rights ombudsmen or PCN must send the information to the security forces in the area.
5) The communities' request for a community ombudsman in the area will be sent to the Human Rights Ombudsman.
While the security threats against leaders remain and the situation is far from being resolved, the fact that the meeting took place and that it resulted in the Colombian authorities agreeing to act in order to address the security concerns of the communities is a step forward. This step would not have happened if persons like you had not intervened and urged members of the U.S. Congress and the U.S. Department of State to act. Thank you for the actions taken.
We will continue to monitor the situation and keep you informed of further developments.
Sincerely,
Gimena Sanchez, WOLA
Charo Mina Rojas and Marino Cordoba , AFRODES USA
--
Afro-Colombian News
Rising Awareness on Afro-Colombian Grassroots Communities Struggle
http://www.afrocolombians.com/
Nicolàs Neira: Quien escuche y sienta, sea libre y venga
NOTA DEL PADRE: Amigos llevaba 1710 días o 41.039 horas preocupado por el silencio administrativo, no es que este conforme con la resolucion de la procuraduría ya que faltan 81 miembros del esmad por ser destituidos y judicializados por el Estado colombiano.
Lo anterior no es porque la justicia brille por su prontitud y sapiencia + bien es por es GRAN ESFUERZO DE TOD@S USTEDES QUE A BIEN HAN TENIDO ACOMPAÑARME GUIADOS DE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)