El 24 de marzo, a partir de las 9 de la mañana en el recinto de la Asamblea del Huila, se realizará el Foro sobre El Quimbo: Locomotora del Desarrollo o Pérdida de la Soberanía Hídrica y Agroalimentaria, convocado por Asoquimbo y el Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra con el aval de la presidencia de la Corporación Legislativa del Departamento.
El evento tiene como propósito debatir sobre la problemática económica, social, ambiental y cultural generada por la construcción de la represa El Quimbo que se manifiesta en la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, daños al Patrimonio Arqueológico, riesgo sísmico y la vulneración de todos los
derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente sano.
El evento se cumple en el contexto de la confrontación entre las comunidades afectadas y el Gobierno-Emgesa Enel. Las primeras, han defendido desde el principio como alternativa al Megaproyecto la importancia de garantizar la Soberanía y Seguridad Hídrica y Agroalimentaria, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades. Para tal fin se propone la creación de una Reserva Campesina Agroalimentaria subsidiada por el Estado Por su parte, el Gobierno de Santos expresó su apoyo incondicional a las empresas Emgesa Enel y su proyecto hidroeléctrico justificando el reciente desalojo violento de los afectados bajo el supuesto de la generación de “energía limpia y necesaria” para garantizar la “seguridad energética del país” cuando no es un secreto que la hidroeléctrica se subastó con la exclusiva función de producir energía para la exportación a Ecuador, Centroamérica Plan Puebla-Panamá y el Caribe -Santo Domingo y Puerto Rico. La postura de Santos evidencia el continuismo con las políticas y las prácticas del pasado que han priorizado la confianza inversionista y la seguridad democrática para favorecer los intereses económicos de las corporaciones frente al bienestar del pueblo colombiano, violando principios constitucionales y la ley colombiana. Se trata de favorecer un ‘negocio’ en el que priman los intereses particulares sobre el interés público, ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos’ (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades como la eólica, la geotérmica, las mareas oceánicas, entre otras.
Las investigaciones han demostrado que la energía generada por las hidroeléctricas no es ni renovable, ni limpia, ni alternativa. Millones de personas han sido desplazadas por la construcción de hidroeléctricas; el ciclo de importantes ríos del mundo ha sido drásticamente modificado por las represas afectando el ciclo de la vida como es el caso de la destrucción de la riqueza íctica como lo ha reconoció la Comisión Mundial de Represas. Más aún, la descomposición de la materia orgánica inundada por los embalses produce gas metano, uno de los gases de efecto invernadero más agresivos. Las represas vulneran formas tradicionales de vida, despojan a los campesinos de sus tierras que como en el caso de El Quimbo son escasas y básicas para garantizar la seguridad alimentaria, “suelos de formación aluvial de hasta 3 metros de profundidad efectiva, suelos orgánicos con una carga microbiológica natural de mucho valor” y que no serán extraídos antes de la inundación para ser utilizados en fincas cercanas al proyecto para compensar minimamente el impacto ecosocial.
La actual política minero energética impulsada por Santos, continuará despojando a los pueblos campesinos, indígenas y negros de sus territorios, mientras a nombre del desarrollo y el progreso se privilegian los intereses de grupos económicos nacionales e internacionales. Esta política minero - energética ha invisibilizado, estigmatizado y criminalizado los conflictos sociales y ambientales y desconocido la vocación agrícola de importantes regiones del país, razón por la cual durante el Foro se deben proponer alternativas para la construcción de otra política minero-energética agroalimentaria autónoma y soberana para la región y el país.
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