El Foro fue instalado por el presidente de la Asamblea, Sergio Younes quien destacó la importancia del diálogo con la sociedad civil y la participación de las comunidades en la defensa del medio ambiente y sus proyectos de vida. Además, contó con la intervención de la Doctora, CECILIA QUIMBAYO, Gerente Departamental de la Contraloría General de la república quien informó que avanza la “indagación preliminar” contra el Ministerio de Ambiente, la CAM y el INVIAS, por supuestas irregularidades en el otorgamiento de la licencia ambiental al P.H. El Quimbo y "dada la gravedad de las situaciones acontecidas que ponen en riesgo los recursos del Estado y la vida e integridad de los ciudadanos del sector". Advirtió que se está elaborando el Informe sobre las visitas de verificación realizadas en el Quimbo relacionadas con el censo elaborado por Emgesa debido a los reclamos de poblaciones que se consideran afectadas pero que no fueron incluidas en el mencionado censo.
Los participantes, ratificaron la resistencia y desobediencia civil contra el ecocida Proyecto
Hidroeléctrico El Quimbo, por la Defensa de la Madre Tierra, la Soberanía Hídrica, Minero Energética y Agroalimentaria, el Autogobierno de las Comunidades en sus territorios, el impulso a la construcción de Reservas Campesinas Agroalimentarias, como la propuesta para la zona de El Quimbo y un Estatuto Ambiental que ponga fin a la destrucción de nuestros ecosistemas y tejidos sociales por la concesión y licenciamiento de Proyectos por los Ministerios de Minas y Medio Ambiente a corporaciones transnacionales y nacionales que sólo les interesa la rentabilidad económica.
Se acordó constituir una Comisión integrada por Asoquimbo y representantes de la Asamblea del Huila con el propósito de exponer directamente ante los Organismos de Control y el Alcalde de Bogotá los argumentos de los afectados para contribuir con las investigaciones abiertas por los mismos y la Auditoria Especial al P.H. El Quimbo y la urgencia y pertinencia de convocar a una Audiencia Pública Ambiental y la suspensión cautelar de todas las obras y la licencia ambiental al Proyecto Hidroeléctrico hasta tanto se cuente con estudios y evaluaciones de fondo y con rigor científico relacionados con el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (Ley 99 de 1993), la valoración de los atributos y servicios ambientales, la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el valor arqueológico del área afectada, riesgo sísmico y las evidencias sobre la responsabilidad de Emgesa en la destrucción del puente El Paso del Colegio.
Representantes de las comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo informaron que rechazaron la invitación formulada por la Gobernadora del Huila y Alcaldes Municipales de la Zona de El Quimbo para asistir a una supuesta “mesa de concertación con las comunidades” convocada por la Gobernadora Cielo González y el Ministro de Ambiente quienes apoyaron el reciente desalojo violento de los afectados ordenada por el Ministerio del Interior y desconocieron a su legítima organización Asoquimbo.
Asoquimbo ratifica que no participará de ninguna supuesta “concertación con Emgesa” cuando es un hecho que su único interés ha sido cumplir con el cronograma de obras para la generación de Energía en el 2014 (el negocio) y no existe ninguna posibilidad de cumplir con los compromisos sociales y ambientales establecidos en la Licencia, tal como se deriva del Informe presentado a la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá por la Comisión creada por el Alcalde Gustavo Petro que realizó recientemente visita de verificación a la Zona de El Quimbo.
El Gobierno de Santos justificó el reciente desalojo violento de los afectados bajo el supuesto de que no permitirá la obstrucción de generación de “energía limpia y necesaria” para garantizar la “seguridad energética del país en el futuro”, cuando no es un secreto que la hidroeléctrica se subastó con la exclusiva función de producir energía para exportación. Esto es corroborado por un Informe, de mayo de 2011, del Banco de Iniciativas para el Desarrollo de Antioquia, según el cual, Colombia ya produce una sobreinstalación de potencia eléctrica de 4761 megavatios.
Además, las investigaciones demuestran que las hidroeléctricas no contribuyen a la erradicación de la pobreza; producen desplazamiento involuntario de ciento de miles de personas afectando a las poblaciones ya establecidas en las áreas de reasentamiento; se restringe el acceso al agua, la tierra y los recursos bióticos; se interrumpe la pesca artesanal y la agricultura tradicional de los terrenos aluviales, a causa de los cambios en el caudal y la reducción en el asentamiento de los linos; aumentan la vulnerabilidad al cambio climático; causan grandes impactos sociales y ecológicos negativos; producen pérdida de tierras del valle, generalmente las más fértiles; emiten cantidades significativas de gases de invernadero; provocan sismos inducidos; el costo socioeconómico, ambiental y cultural no compensa los beneficios para la sociedad; resultan no ser renovables debido al problema de la sedimentación; producen cambios dramáticos en el flujo, la calidad, cantidad y uso del agua, los organismos bióticos y la sedimentación de la cuenca del río; y por lo general desconocen la normatividad ambiental y de procedimientos legales en el proceso de licitación, en particular, la participación de los afectados. En síntesis, no son Mecanismos de Desarrollo Limpio.
El Señor Pearl constató lo que siempre ha denunciado Asoquimbo: la omisión de las responsabilidades del Ministerio de Ambiente de hacer seguimiento y control permanente del Proyecto El Quimbo desde la adjudicación de la licencia. Pearl sostuvo en la reunión realizada el 24 de marzo con representantes de “la institucionalidad” (gobernadora, parlamentarios huilenses, alcaldes) después del irreversible desastre ambiental y social causado por la construcción de obras que "se requiere de un convenio en el cual se financia el equipo técnico para un acompañamiento permanente y un seguimiento en conjunto con la corporación " (CAM).
Miembros de la “Institucionalidad” asistieron a la reunión con el Ministro de Ambiente y Emgesa a reclamar nuevas migajas económicas a la empresa debido a que las compensaciones pactadas en la fallida “mesa de concertación” impulsada por el presidente Uribe “no fueron justas” y ya se la gastaron y “no saben en qué”. Pero salieron decepcionados porque el dueño del negocio, el gerente Lucio, les advirtió que "no se le puede pedir a la empresa que modifique el proyecto, pues las compensaciones iniciales que están en la licencia hicieron parte de un acuerdo"
El Ministro de Ambiente quien estigmatizó y promovió la judicialización de las comunidades afectadas, que ahora se negaron por dignidad a participar en la reunión calificada de legítima por la gobernadora quizás por la presencia mayoritaria de los áulicos del proyecto, las convoca para que "en la próxima reunión, quienes intervengan de primero deben ser las comunidades para oír y entender sus preocupaciones". Luego, ¿no ha reiterado que Emgesa viene cumpliendo con los compromisos y ha desconocido los argumentos de su organización legítima y legal Asoquimbo y negado sistemáticamente la convocatoria a la Audiencia Pública Ambiental?
Asoquimbo se pregunta si los organismos de control tienen el poder necesario para decidir a favor de las demandas de los afectados en defensa del derecho colectivo al medio ambiente sano y de su patrimonio vulnerado por las transnacionales. Mientras tanto, el río Magdalena continua su curso en desobediencia natural, aliado con el Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra y el Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios y Afectados por represas ¡Rios Vivos! preparando la Batalla de Matambo, expresión del fortalecimiento de la Resistencia Civil, con la solidaridad de ciudadanas y ciudadanos del mundo, convencidos de la
necesidad de construir otra política minero-energética-agroalimentaria autónoma y soberana para la región y el país que armonice con la Pacha Mama, con el Buen Vivir.
!RIOS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE!
ASOQUIMBO
Neiva, Marzo 25 de 2012
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