Las comunidades de la zona de afectación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo (Huila) dan como plazo hasta el 15 de abril para que el Ministerio de Ambiente «ordene la suspensión de las obras del proyecto como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de Emgesa».
El pasado 30 de marzo, la Defensoría del Pueblo (PDF Carta Defensoría al Ministerio de ambiente) reiteró la solicitud de revocatoria de la licencia ambiental otorgada a Emgesa para desarrollar el proyecto El Quimbo teniendo en cuenta que se modificó la licencia sin consultar a las mismas comunidades. La Defensoría del Pueblo señala que Emgesa modificó sustancialmente los compromisos pues desconoce los acuerdos logrados en las mesas de concertación y no tuvo en cuenta a las comunidades afectadas para modificar la licencia ambiental.
Asimismo, considera que la modificación de la licencia por parte de Emgesa «contribuye a que se disminuya la inversión de la empresa en el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales sin aclarar los efectos que esta medida pueda tener sobre los diferentes grupos poblacionales y amenaza el derecho al acceso y la tenencia de la tierra en concordancia con los derechos a la vivienda, a la prestación de los servicios públicos, a la seguridad alimentaria, entre otros, de los grupos poblacionales más vulnerables de la región».
Por otra parte, las comunidades representadas por ASOQUIMBO presentes en las reuniones de socialización de la licencia por parte de algunos funcionarios del Ministerio de Ambiente en los Municipios de Garzón y Gigante (Huila) realizadas entre el 16 y el 21 de marzo denunciaron el incumplimiento de los compromisos y acuerdos de Emgesa con las familias de la zona de afectación.
En un comunicado expedido el 21 de marzo, ASOQUIMBO asegura que «no se ha concertado ninguna medida de compensación ni proyectos productivos para los grupos poblacionales conforme a lo establecido en la licencia ambiental». Además señala que «Emgesa no ha propuesto ningún proceso de reasentamiento colectivo ni individual con las comunidades afectadas».
«Emgesa no ha registrado en el censo a todas las poblaciones de afectados y viene desconociendo la existencia de otros grupos poblacionales afectados como los apicultores», señala el comunicado.
Debido a esta situación, ASOQUIMBO demanda el desarrollo de una Audiencia Pública donde se discuta de manera organizada todos los aspectos del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y exige a la ministra de Ambiente ordenar la suspensión inmediata de las obras, debido al «incumplimiento de las obligaciones de Emgesa y en acatamiento a la solicitud de suspensión de las mismas por el Procurador Ambiental Agrario, Oscar Amaya, compromiso adquirido públicamente durante la realización del Foro sobre Impactos de Megaproyectos Energético-Mineros realizado el 16 de marzo de 2011 en el Congreso de la República».
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