El Gobierno de Uribe, sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental y sin la previa sustracción del 95% del área de El Quimbo que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, debido a que sólo le corresponde al legislador regular lo relativo a la extinción, modificación o sustracción de éstas áreas de reserva (Ley 2 de 1959), mediante la Resolución 321 de septiembre 1 de 2008 declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo" y otorgó la Licencia “arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría”.
La concesión del proyecto se realizó con fundamento en la ‘confianza inversionista que significa que el Gobierno garantiza todas las condiciones legales y extralegales para asegurar la inversión del capital privado sin ningún riesgo. En el caso de El Quimbo se establecieron las siguientes ventajas para Emgesa:
- Cargo por confiabilidad, es decir, que los colombianos pagarán en impuestos un valor fijo o seguro a favor de Emgesa durante 20 años independientemente del funcionamiento del megaproyecto
- Declaratoria de Zona franca reduciendo el valor del impuesto de renta del 33% al 15%.
- Unipropósito, es decir, producción exclusiva de energía para exportación
- Reconocimiento de inversión 100% de Emgesa negando la participación accionaria del Huila y el País.
- Entrega del área de embalse por tiempo indefinido, es decir, nunca revertirá a la nación y no reducción de tarifas de energía para los huilenses, compromiso adquirido e incumplido por el Gobierno.
Como si los privilegios anteriores no fueran suficientes el gobierno acordó con Emgesa reducir el valor de los costos ambientales y sociales transgrediendo la licencia ambiental al modificar obligaciones de la empresa para mitigar, prevenir o compensar los impactos causados por el proyecto con el propósito de lograr el aval del negocio por la transnacional italiana ENEL, que compró el 94% de las acciones de Endesa. Para tal efecto, cursa en la Procuraduría General de la Nación un recurso de ‘conciliación prejudicial y de restitución de derechos’ interpuesto por Emgesa mediante el cual aspira a la nulidad de dichas obligaciones que consideran ‘lesivas’ a los intereses de las transnacionales y que fueron incluidas producto de la resistencia de las comunidades afectadas y no de las mesas de concertación, donde por el contrario, se acordaron las capitulaciones entre el Gobierno y Emgesa respaldadas por la gran mayoría de los parlamentarios huilenses y la Cámara de Comercio.
La violación de la licencia mediante ‘conciliación’ al servicio de Enel-Emgesa ya no es un secreto como lo había denunciado Plataforma Sur. El presidente Uribe lo confirmó en Neiva al expresar que “me reuní con el director de Emgesa y estaba preocupado por los sobrecostos. Y yo le dije: lo que hay que hacer es un diálogo que racionalice todo. Aquí no puede haber abuso. No se puede imponer una hidroeléctrica abusando de la comunidad. Tampoco se puede evitar una hidroeléctrica por tratar de abusar de la empresa. Eso tiene que ser equilibradito. Ni abuso de la empresa, ni abuso nuestro. Si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto. Por eso necesita mucho equilibrio” (La Nación, Neiva, 8 de Febrero de 2010). Lucio Rubio gerente de la nueva empresa Italiano-Española exige que “para iniciar la obra hay que contemplar la nueva realidad ambiental, que se precisen las aclaraciones que hemos pedido,…para satisfacer las exigencias de los accionistas quienes ponen la plata para el desarrollo del proyecto”. Por su parte, la directora de licencias de Minambiente Diana Zapata, en cumplimiento de la orden presidencial y el chantaje de Lucio confirmó la modificación de la licencia al señalar que “las aclaraciones se responderán antes de terminar el presente mes, lo que desembotellará el inicio de las obras”.
Lo anterior confirma que la construcción del megaproyecto El Quimbo hace parte de un ‘negocio’ de generación exclusiva de energía para exportación en el que priman los intereses particulares sobre el interés público. No existe ninguna garantía de mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, ni de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. No hay un compromiso real con la protección de los ecosistemas. Atenta contra la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, las economías campesinas y las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia. Al inundar y destruir miles de hectáreas de vegetación nativa aporta al calentamiento global al lanzar a la atmósfera gases como el dióxido de carbono y el metano y desplaza cerca de 500 familias, más de 1500 personas residentes, vulnerando abiertamente la Carta de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y generando una situación de conflicto sin antecedentes en la región.
Transgredir la Constitución y la Ley para favorecer la ´confianza inversionista’ y la ‘seguridad democrática’ caracterizan el proyecto gubernamental del Uribismo. En el 2007 se declaró ‘socioeconómicamente viable´ el proyecto hidroeléctrico con fundamento en los estudios de Emgesa cuando antes el Ministerio de Ambiente había conceptuado que "ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable"
Ahora acuerda con la multinacional Emgesa modificar la licencia porque como lo dijo Uribe ‘si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto’. Eso implica que no habrá cumplimiento a la “indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida” y la atención psicosocial de todos los afectados por los daños causados a las actividades productivas de las comunidades y personas por la imposibilidad de acceder a las fuentes crediticias, la negación de subsidios estatales e inversiones en infraestructura y redes prestadoras de servicios sociales y, especialmente, por la incertidumbre generada con relación al futuro de los proyectos de vida de los pobladores como consecuencia de la Resolución 321.
Emgesa radicó a mediados de febrero de 2010 el Manual de Precios Unitarios donde se determina la valoración y la metodología para la compra de predios. Dicho manual será aprobado sin ninguna modificación por parte del Ministerio de Minas debido a que fue impuesto por los representantes del Instituto Agustín Codazzi y el de Emgesa en la Comisión Tripartita, como parte de la ‘confianza inversionista’, por encima de las consideraciones formuladas por el representante de los propietarios y poseedores de El Quimbo quien dejó constancia de su ‘desacuerdo con la afectación del valor del predio por pertenecer a la zona de reserva forestal’, entre otras. El Manual no fue producto de la negociación al desconocer los valores reales de los bienes inmuebles exigidos por un sector importante de propietarios que se niegan a vender sus predios a menos precio, generando confrontaciones con representantes de la transnacional.
No se convocó a todos los afectados a una asamblea con el fin de socializar los valores de los bienes con anticipación a la radicación del Manual ante el Ministerio de Minas. Los directamente afectados están convencidos de que el Minambiente no garantizará el cumplimiento de las obligaciones de Emgesa y, en especial, la restitución y compensación de todos sus bienes materiales e inmateriales en igualdad o mejores condiciones a los que poseen, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo.
Prueba de ello es que siendo conscientes del no cumplimiento de los requerimientos tendientes a prevenir los impactos ambientales por parte de Emgesa como lo constataron durante la visita de seguimiento a la Gestión Social realizada del 21 al 25 de octubre de 2009, aún no han dado a conocer el Acto Administrativo que anunciaron y que, sin lugar a dudas, debería ser la cancelación de la licencia o una sanción ejemplar para la empresa que al igual que el gobierno han sometido a la incertidumbre y abandono total de las comunidades afectadas. Emgesa será de nuevo exonerada al igual que se hizo por la iniciación del túnel de desviación del río Magdalena sin licencia ambiental en cumplimiento de la ‘conciliación’ para salvar el negocio.
Para impedir que el negocio de Uribe, Endesa-Enel se realice vulnerando los derechos de los afectados y estimulando el ecocidio y el desplazamiento, transgrediendo la ley, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales en cumplimiento del Plan de Acción 2010 de la Asociación de Afectados por la Construcción del proyecto El Quimbo -ASOQUIMBO-continuará con las acciones jurídicas de nulidad de las Resoluciones 321 y el restablecimiento del derecho, 0899 y 1628 licencia ambiental, Acciones y Consultas Populares como la que se está promoviendo en el Municipio de Gigante, solicitud de Misión Especial del CIDH para el seguimiento y estudio de afectación de Derechos Humanos y Ambientales del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Campamento Internacional, entre otras.
Como alternativa al negocio de El Quimbo que no será una realidad, promoveremos movilizaciones sociales en todo el departamento del Huila con el propósito de impulsar en la Zona de El Quimbo una gran reserva campesina agroalimentaria tal como fue aprobada unánimemente por -ASOQUIMBO- con amplia financiación del Estado, en particular, para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan estas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses. Esta propuesta garantiza la preservación de nuestros ecosistemas, el derecho al trabajo, la conservación del tejido social, la preservación de la paz con fundamento en el desarrollo equitativo y sostenible.
Plataforma Sur de Organizaciones Sociales
Neiva, marzo 8 de 2010
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