Cuando el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, anunció en el año 2002 como uno de sus programas bandera la Seguridad Democrática, muchos de los colombian@s, nos preguntamos por el sentido y las consecuencias de este concepto, mientras que otros sintieron que era la solución frente a un conflicto histórico en nuestro país. Hoy, a casi 7 años, después de posesionado el gobierno del corazón grande y la mano firme, visto despliegues de militares sin antecedentes en todo el país para enfrentar a los supuestos causantes de todos los problemas del país, aun seguimos viviendo y sintiendo la guerra, la muerte de miles de personas, la agudización del conflicto, la pobreza creciente, la falta de seguridad social para la mayoría, el aumento del desempleo; entonces nos preguntamos ¿Qué tan efectivas son estas acciones para la seguridad de la población? Lo cierto es que con la seguridad democrática se implementaron los allanamientos injustificados, las famosas detenciones masivas arbitrarias buscando implicados con la subversión o el narcotráfico, las ejecuciones extrajudiciales.
En medio de este panorama, quienes creemos que la solución no son las armas y que la paz no se lograra mediante la guerra y la violencia, nos preocupamos por la cantidad de jóvenes que han sido asesinados y que ven amenazadas sus vidas y sus sueños, a través de distintos hechos.
En el 2008 los colombianos y colombianas fuimos sorprendidos nuevamente con el asesinato de jóvenes declarados muertos en combate y sindicados de ser guerrilleros, las madres que se atrevieron a denunciar destaparon uno de los más aberrantes crímenes por parte del estado y sus fuerzas militares contra los jóvenes de sectores populares a través de los denominados “falsos positivos”, a pesar de la destitución de militares, estos casos permanecen en la impunidad, y el presidente y su ministro de defensa nunca asumieron su responsabilidad directa y por el contrario han mostrado, a quienes se han abanderado de esta causa, como enemigos del estado y el orden.
La violencia contra los y las jóvenes de sectores populares no termina, todo lo contrario se prolonga en un escenario confuso con muchos intereses, pero donde el resultado es el mismo, jóvenes asesinados, aumento de la desconfianza entre pobladores, miedo y zozobra. Desde el mes de Marzo de 2009, aparecieron en más de 20 ciudades del país y en varios municipios del departamento del Cauca panfletos y, en algunos casos, listas sentenciando a jóvenes, prostitutas, ladrones a la muerte si salían a la calle a ciertas horas de la noche o mejor dicho si seguían existiendo. Las amenazas se transformaron en hechos cumplidos y pronto empezamos a ver los asesinatos de jóvenes en las esquinas, las tiendas de los barrios, las señales en la calle prohibiendo pararse a conversar en ciertos lugares, las persecuciones por los callejones, los jóvenes temerosos huyendo hacia otros lugares. En varios barrios vemos a miembros de la policía haciendo rondas diarias y sin embargo en plena luz del día o empezada la tarde se cometen estos asesinatos, como es caso de la muerte del joven Leonardo Santiago Rivera, estudiante de 9ª grado del colegio Bolivariano, asesinado a la 1:30 de la tarde el 16 de abril frente a su casa en el asentamiento Triunfaremos por la paz en la comuna 7 de Popayán.
Para algunos se trata de ajuste de cuentas, otros piensan que “se lo merecían”, lo que queda claro es que estos hechos además de cobrar la vida de los jóvenes, confunden a la población y por momentos nos conlleva a aceptar la violencia que ha atravesado la historia de nuestro país, como único mecanismo para solucionar los conflictos que nos afectan. Lo cierto es que la aparición de estos panfletos no es un hecho aislado, en tanto que son similares los texto como la forma en que se cometen los crímenes a lo largo del país, lo que es aun más preocupante por qué, ¿quién tiene la capacidad y los medios de generar estas acciones de manera tan coordinada y efectiva?
De todos modos muchos de los jóvenes asesinados, eran de “parches” o frecuentaban las esquinas de los barrios, como punto de encuentro frente a las pocas oportunidades de trabajo y de esperanzas de vida.
Toda esta violencia arbitraria ejercida por quienes creen tener el derecho de quitar la vida, la hemos sentido en nuestra ciudad de Popayán, donde, solo en la comuna 7 se han registrado 6 casos de jóvenes asesinados entre marzo y abril; y también en los diferentes municipios del departamento, tal ves uno el caso más preocupantes es en Puerto Tejada, donde la Fundación Acción Visión Futuro ha denunciado 486 asesinatos de jóvenes a lo largo del 2008, por supuestos enfrentamientos entre pandillas, después de tales denuncias dicha Fundación ha recibido amenazas. Las esquinas de los barrios en las Comunas más Populares hoy son espacios de miedo, los y las jóvenes tememos por nuestra vida, porque en cualquier momento una moto a partir de las 8 pm puede representar la muerte, nuestros padres y madres les preocupa nuestra vida, no podemos estar tranquilos para encontrarnos con nuestro parche de amigos ni para transitar con libertad en las calles, es decir la seguridad democrática cada vez es más insegura y antidemocrática, porque termina siendo solo para algunos, pero no para nosotros los de los barrios periféricos.
Ante esta situación, hacemos el llamado a nuestras comunidades para no dejarnos engañar, para comprender que la vida de todos y todas es muy valiosa, que los jóvenes son el presente y futuro de nuestro país, que no podemos dejar que nos maten la esperanza de vivir. Las calles son nuestras es donde se hace parte de la vida, por donde transitamos diariamente, tenemos derecho a disfrutarlas y a no dejar que se llenen de muerte y miedo.
Convocamos a los y la jóvenes a ser activos y propositivos, a ser valientes y no dejarse involucrar en esta guerra dentro de ningún actor armado legal o ilegal. A pronunciarse frente a estos hechos y en general frente a toda forma de dominación y de militarización de nuestras vidas.
Igualmente exigimos al Estado colombiano y sus instituciones, a los organismos de protección de los derechos humanos mayores acciones tendientes a denunciar y proteger la población especialmente a los y las jóvenes.
A la comunidad Internacional, estar pendiente y llamar la atención al Estado colombiano para que garantice las vida como derecho fundamental a sus ciudadanos.
COORDINACIÓN DE JÓVENES DEL CAUCA
COMITÉ DE INTEGRACIÓN DEL MACIZO COLOMBIANO - CIMA
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