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viernes, abril 09, 2010

URGENTE S.O.S MASACRE EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ / CAUCA


S.O.S

MASACRE ANUNCIADA EN ZONA MINERA DEL MUNICIPIO DE EN SUAREZ CAUCA

Santiago de Cali, 8 de Abril de 2010

Ocho mineros fueron asesinados por hombres armados que se trasportaban en dos vehículos y una moto, los hechos ocurrieron en el sitio conocido como “Alto de Ovejas” zona rural del municipio de Suárez, en el departamento de Cauca, sur de Colombia. El sitio donde ocurrió la masacre es la parte alta del río Ovejas y se llega por carretera en un recorrido de casi una hora y una hora a pie.

Las Organizaciones abajo firmantes quienes habíamos advertido la grave situación de conflicto social y armado que se vive en los municipios del Noroccidente del Cauca, en particular en los Municipios de Suarez, Morales y Buenos Aires, demandamos de manera perentoria explicación del Gobierno Nacional porque pese a las innumerables solicitudes de protección a las comunidades de la zona y del numeroso contingente militar y de policía que se encuentra en el área, los autores de esta masacre tuvieron toda la libertad de ingresar en el territorio cometer el hecho y salir impunemente.

Una misión de verificación, compuesta por el Proceso de Comunidades Negras PCN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y la Asociación para la Investigación y Acción social NOMADESC se encuentra en la zona con el objetivo de ampliar la información. Lastimosamente ningún organismo internacional pudo acompañar esta comisión por lo cual solicitamos a ustedes pronunciarse por escrito a la mayor brevedad exigiendo al estado colombiano acciones inmediatas de prevención y atención para toda la población del noroccidente del Cauca. A su vez solicitamos al sistema de Naciones Unidas, realizar una visita de verificación a la zona lo más pronto posible. Por nuestra parte ampliaremos la información tan pronto se terminen las labores de la comisión de verificación en el territorio.

ANTECEDENTES

& nbsp; To dos ustedes recordaran las diversas denuncias que las comunidades afrodescendientes, Campesinas, indígenas y organizaciones de derechos humanos hemos efectuado ante la comunidad nacional e internacional acerca de la barbarie impuesta en la zona y del despojo al que han sometido a las comunidades que ancestralmente habitan el territorio. En la actualidad se siguen procesos jurídicos en contra de los responsables por acción y por omisión de los crímenes cometidos así mismo se investiga la responsabilidad de las multinacionales Unión Fenosa, Anglo Gold Ashanti, Smurfit kappa Cartón de Colombia y Cosigo Resources. Sin embargo pese a los ingentes esfuerzos de las comunidades para generar mecanismos de prevención y protección la situación de riesgo de los pobladores de la zona es inminente y la impunidad del 100%.

ACCIONES PARA PROTEGER EL TERRITORIO

1.- Noviembre 5 de 2010 Audiencia Situación de las Comunidades Afrocolombianas Indígenas y Campesinas del Norte del Cauca en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washitong: Durante la audiencia se presentaron pruebas de la grave situación, vulnerabilidad y amenaza contra las comunidades mineras, campesinas e indígenas. Así mismo se denuncio la permanente violación a la Consulta Previa, libre e informada; la aplicación de los planes de manejo ambiental; la ley 70, legislación indígena y los incumplimientos a las directivas 004 y 005 de la Corte Constitucional. En dicha audiencia se solicito a los representantes del Gobierno Colombiano emprender acciones inmediatas de prevención y protección a las comunidades de la zona. Resultado: El gobierno a un no ha otorgado los mecanismos de protección anunciados ante los Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos humanos de la OEA. [1]

2.- Diciembre 10 de 2010 Audiencia Pública por la Defensa del Territorio, la Cultura y la Dignidad de las Comunidades Indígenas, Afrodescendientes y Campesinas del Noroccidente del Cauca: En la Audiencia Convocada por la Comisión de derechos Humanos del Senado de la República a Petición de las comunidades y de la Asociación NOMADESC, se efectuó una radiografía del conflicto, se detallaron los casos de violación a los derechos humanos y se presentaron las investigaciones sobre los posibles responsables de los crímenes cometidos. Las comunidades y organizaciones de derechos humanos advirtieron la presencia de actores armados en la zona un grupo autodenominado Águilas Negras al parecer responsable de la ola de amenazas que se desato desde el mes de Octubre de 2010. Adicionalmente se solicito revisar la legislación que beneficia a las multinacionales que hacen presencia en esta zona, en contra vía de los derechos de las comunidades. Resultado: Se encuentra en trámite la solicitud de información sobre las multinacionales que tienen concesiones en la zona actores armados, información sobre los resultados de las investigaciones por los crímenes que han ocurrido en la zona y reuniones de alto nivel con las instituciones del Estado. [2]

3.- Enero 17 de 2010 Misión de Verificación de Acción Permanente por la Paz[3]: Una misión con 10 delegados de los Estados Unidos viajo a la zona y visito a las comunidades de Suarez, entre ellos las comunidades Afrodescendientes que se dedican a la minería artesanal en el corregimiento de La Toma y comunidades indígenas de Cerro Tijeras. Esta misión escucho a la población afectada. Resultado: Incidencia ante gobierno nacional para que proteja las comunidades y el territorio afectado por graves crímenes de lesa humanidad.

4.- Enero 27 de 2010 Delegación del Estado Español Misión de Verificación de la situación de derechos humanos en Colombia: Esta misión no viajo hasta el territorio pero en sus reuniones con los sectores sociales en la Ciudad de Santiago de Cali tuvo la oportunidad de conocer los testimonios del conflicto social y armado que se vive en el territorio, la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que habitan la zona. Resultado: La delegación del Estado Español efectuó un pronunciamiento público en donde presentan sus conclusiones y propuestas frente a la situación. [4]

5.- Visita de la Experta Independiente de Naciones Unidas Sobre Cuestiones de Minorías comisionada para Minorías de Naciones Unidas GAY MACDOUGALL: Visto el Corregimiento la Toma del Municipio de Suarez, recorrió todo el territorio visito las minas y escucho las denuncias directas de las comunidades afro descendientes que habitan la zona de los líderes de la comunidad, los representantes de los Concejos Comunitarios y del Proceso de Comunidades Negras PCN y se comprometió a efectuar acciones de seguimiento sobre la grave situación de Violación de derechos Humanos y demandar del gobierno colombiano cumplimiento a las normas nacionales e internacionales de respeto de los derechos humanos. La Experta independiente efectuó la visita en Compañía del Sr. DANIEL ATCHEBRO, Coordinador en Cali de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros delegados de la Organización. Resultado: Al término de su visita la experta independiente emitió una declaración y advirtió que las autoridades tienen mucho por hacer para recuperar la confianza de estas personas e instó al Ministro de Defensa para que proteja a estas comunidades.[5]

Queda una vez más comprobado que no existe VOLUNTAD POLITICA del Gobierno nacional y de los organismos de protección para cumplir con las normas nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos. Es absolutamente preocupante que pese a los pronunciamientos de la comunidad internacional, las judicializaciones, denuncias, Audiencias, demandas, solicitudes etc., el Estado colombiano no haya brindado garantías para la vida de las comunidades.

Por lo anterior demandamos una vez más del Gobierno Nacional respuestas inmediatas a las comunidades acerca de la reiterada violación a los derechos humanos en particular sobre los lamentables hechos en los que perdieron la vida 8 mineros.

ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL NOMADESC

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS PCN

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA ACIN

CONCEJO COMUNITARIO LA TOMA

COORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRAR

ASOCIACION DE MUJERES MUNICIPALES DE LA BALSA

ASOCIACIÓN ECATE

RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA REDHER

CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR

Sus pronunciamientos los puede enviar a:

ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071

FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co

General FREDY PADILLA
Ministro de la Defensa (E)
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co

FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co

GUILLERMO MENDOZA DIAGO
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com

ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co

Dirigir copia de sus comunicaciones a:

ASOCIACION NOMADESC
Accionjuridica.nomadesc@gmail.com
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
dhprohibidolvidar@yahoo.com

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS
pcnkol.bogota@renacientes.net


domingo, diciembre 06, 2009

Urgent Action-Again death threats against Afro-Colombian leaders in the Norte del Cauca Region / SE INCRTEMENTA EL RIESGO CONTRA COMUNIDADES DEL CAUCA

Dear Friends and Colleagues,

AFRODES USA and WOLA urge you to contact Colombian authorities immediately and urge them to take action to guarantee the safety of Afro-Colombian, Indigenous and human rights leaders in northern Cauca.

On December 4, Lisifrey Ararat of the Community Council of La Toma and the Black Communities Process (PCN) received a text message that stated:“Hp no decidan por la comunidad que si quieren tienen 8 dias pasalir sigue la lista *** fin **. This translates into English as “Motherfucker don’t decide for the community what they want. You have eight days to leave the area. The list remains active.”

The same text message which came from the telephone number 310 8964370 was also sent to Yair Ortiz, Edwar Mina (both leaders from the Community Council of La Toma), Arley Gonzalez (mining leader), Enrique Guetio (traditional indigenous leader from the Cabildo Cerro Tijeras) and Edwar Villegas (member of the human rights group CUT-Valle and Association NOMADESC). This threat follows another threat that was received by the Aguilas Negras-Nueva Generacion paramilitaries to these same groups on October 22nd.

PCN, NOMADESC and others recently participated in a round of visits to the US Congress and an OAS hearing on the right to previous consultation for Afro-Colombian and Indigenous Communities. For details of this visit, got to: http://actualidadetnica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8500:gimena-sanchez-garzoli-&catid=57

Please contact the following offices immediately and urge them to protect the lives of these activists, investigate these threats and prosecute those responsible for making them. Also recommend to these offices that they take bold steps to strengthen the right of previous consultation for these communities. The Colombian authorities’ information is as follows:

- Colombian Vice President’s office: Francisco Santos 57-1-560-1195
- Ministry of Interior and Justice: Fabio Valencia Cossio 57-1-444-3100 (Executive Secretary)
- Human Rights and International Humanitarian Law Program: Carlos Franco 57-1- 595-1853 o 57-1595-1888.

For further information, please be in touch with Charo Mina Rojas of AFRODES USA at (434) 760-0663.

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Solicitamos a todos ustedes pronunciarse a la mayor brevedad por los graves hechos que atentan contra las comunidades, afrocolombianas, indigenas y campesinas del norte del cauca.


ACCION URGENTE

AMENAZADO LICIFREY ARARAT LIDER MIENERO DEL MUNICIPIO DE SUAREZ QUE SE REUNIO CON EL ALTO GOBIERNO EL PASADO 5 DE NOVIEMBRE
EN AUDIENCIA DE LA OEA EN WASHINTONG

Las organizaciones abajo firmantes altamente preocupadas por los últimos hechos que se han presentado en el Municipio de Suarez Cauca y en particular por la amenaza que en el día de hoy recibió el dirigente minero LICIFREY ARARAT y otros líderes de la región solicitamos a la comunidad nacional e internacional efectuar todas las acciones necesarias para prevenir nuevos hechos que atenten contra la integridad física y sicológica de las comunidades ubicadas en el noroccidente del Cauca.

LOS HECHOS.

  1. El día 4 de diciembre de 2009, siendo las 9: 31 a.m., LICIFREY ARARAT, dirigente minero del Consejo Comunitario del Corregimiento de La Toma y miembro del PCN, recibió un mensaje de texto que decía: “Hp no decidan por la comunida que si quieren en los recurs tienen 8 dias pasalir sigue la lista *** fin **
  2. *” (SIC). Este mensaje que provenía del número de teléfono 310 8964370, también fue recibido por YAIR ORTIZ, EDWAR MINA dirigentes del Consejo Comunitario de La Toma, ARLEY GONZALEZ, líder minero, ENRIQUE GUETIO, Autoridad Indígena Tradicional del Cabildo Cerro Tijeras y contra EDWAR VILLEGAS, miembro del equipo de derechos humanos de la CUT-VALLE y de la Asociación NOMADESC.

  1. Esta nueva amenaza se suma a la que fue hecha el día 22 de octubre de 2009 por vía fax, en la que el grupo autodenominado “AGUILAS NEGRAS NUEVA GENERACION” declara objetivo militar a 8 organizaciones de la región y 5 lideres afrocolombianos, indígenas y defensores de derechos humanos. Estas amenazas se han materializado en los siguientes hechos: El día 29 de Octubre de 2009 fue asesinada MARLY CAROLINA HUILA GUAMANGA, hechos sucedidos en la vereda Damián del Resguardo Cerro Tijeras, Municipio de Suárez, Cauca; El día 11 de noviembre de 2009 fue asesinado REINALDO BOMBA en la Vereda Bella Vista del Resguardo Cerro tijeras, Municipio de Suárez, Cauca; El día 13 de Noviembre de 2009 fue asesinado el comunero indígena NILSON CAMPO y herido de gravedad EGIDIO OVANDO HUILA, en el sitio denominado “El Tanque” ubicado en el

  1. Cerro Damián del Resguardo Cerro Tijeras, Municipio de Suárez, Cauca. Anotamos que el comunero indígena EGIDIO OVANDO HUILA, murió el día 28 de noviembre de 2009, en la clínica Valle de Lili, de la ciudad de Santiago de Cali.


5. Los territorios de las comunidades negras, indígenas y campesinas de los municipios de Suarez, Morales y Buenos Aires, en los que han ocurrido múltiples hechos de violación de los derechos humanos, están amenazados por los intereses de las multinacionales, que ponen en riesgos los derechos territoriales y culturales, particularmente el derecho a la vida y la integridad de las comunidades ancestrales que habitan la zona de noroccidente del Cauca.


6.
En los últimos meses la comunidad se ha manifestado y ha exigido respuesta al estado colombiano por la presencia de multinacionales de exploración y explotación de minerales, en particular de oro, como la Sur Africana Anglo Gold Ashanti y la Canadiense Cosigo Resurces. Estas multinacionales y algunas decisiones arbitrarias del Ministerio de Minas y Energía e INGEOMINAS, han pretendido desalojarlos de la zona y despojar al territorio de sus riquezas.



El Ministerio de Minas y Energía realiza trámites de otorgamiento de títulos mineros en esta zona a empresas y a particulares, violando el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo libre e informado. Por efecto de estos títulos hoy se pretende desalojar a la comunidad de la Toma.


  1. La comunidad de la toma tiene una presencia ancestral desde 1635, el gobierno ha otorgado títulos en el corregimiento de la toma y en otros territorios de los municipios de Suarez, Morales y Buenos Aires, violando los derechos consagrados en la ley y en el convenio 169. Por estos títulos miembros de esta comunidad entre ellos YAIR ORTIZ ha sido denunciado ante la Fiscalía por supuesta explotación minera ilegal. De igual manera, es importante anotar, que estas comunidades se han manifestado al lado de las comunidades indígenas y campesinas de los municipios de Suarez, Morales y Buenos Aires, afectadas por la hidroeléctrica de La Salvajina, operada por EPSA en consorcio con la multinacional Española UNION FENOSA.
  2. El 5 de noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, convoco a las partes para celebrar audiencia, sobre la situación de derechos humanos en los municipios de Suarez, Morales y Buenos Aires. En la audiencia por parte de las comunidades participaron los líderes del Proceso de Comunidades Negras, PCN, CLEMENCIA CARABALI, Asociación de Mujeres Municipales de la valsa, Municipio de Suarez Cauca, LICIFREY ARARAT, Consejo Comunitario de la Toma; por parte de las comunidades Indígenas, participo el ex gobernador del Cabildo Honduras JOSE GOYES y por parte de las Organizaciones no Gubernamentales de derechos Humanos BERENICE CELEYTA de la asociación Nomadesc. Por parte del Gobierno la viceministra del Interior BIBIANA MARQUEZ, el representante de la Vicepresidencia CARLOS FRANCO, un representan te del Ministerio de Defensa y el Director de Acción Social.
  3. Durante esta audiencia fue evidente la responsabilidad del estado Colombiano frente a los hechos de despojo territorial, entrega de los recursos naturales a las multinacionales, violación a los derechos de la consulta previa, ley 70, legislación indígena e incumplimiento a las directivas 004 y 005 de la corte constitucional y ocurrencia de graves crímenes de lesa humanidad. El gobierno nacional no tuvo ninguna respuesta clara, excepto evasivas frente a su responsabilidad, por las demandas que hicieron los peticionarios ante los comisionados de la OEA.
10. Por otro lado manifestamos nuestra preocupación por la actitud agresiva de la Empresa Electrificadora del Pacifico, EPSA, contra las comunidades que asistieron el día 1 de diciembre de 2009, a una reunión convocada por esta empresa para “SOCIALIZAR LA FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CONSULTA PREVIA, DE LA OPERACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE SALVAJINA” cuando aun no se han cumplido los procedimientos que exige la ley y el convenio 169. Esta reunión se efectuó en el sitio conocido como Casa de Teja y en presencia de toda la comunidad la EPSA expreso: “los líderes y organizaciones de la región se están oponiendo al progreso y están obstruyendo el trabajo que la EPSA y AMBIOTEC venimos haciendo hace 2 años”. Ante todo, nos alarma la curiosa coincidencia entre lo expresado en esta reunión por EPSA y las amenazas que en el día de hoy llegaron vía mensaje de texto a los celulares de los líderes que participaron en esta reunión.


SOLICITAMOS.

A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Pronunciarse a la mayor brevedad y exigir del estado colombiano una respuesta clara y oportuna para prevenir cualquier hecho que atente contra la integridad de los miembros de las organizaciones amenazadas.

Convocamos al Sistema de Naciones Unidas, organismos de Derechos Humanos, a las organizaciones Sociales, Instituciones del Estado, ONGs Internacionales organismos de control pronunciarse a la mayor brevedad y acompañar en los territorios a las comunidades amenazadas, de los municipios de Suarez, Morales y Buenos Aires.

Solicitamos a las organizaciones internacionales en todo el mundo acompañar a las comunidades, afrodescendientes, indígenas y campesinas mediante una veeduría permanente de la situación de derechos humanos exigiendo el cumplimiento de normas nacionales e internacionales de respeto, a las comunidades y su territorio.

EXIGENCIAS
Exigimos a los diferentes actores armados (Ejercito Nacional, Paramilitares e insurgencia) respeto a la vida y derechos de las comunidades ubicadas en los municipios de Suarez, Morales y Buenos Aires.
A las multinacionales respeto al territorio, autonomía y autodeterminación de los pueblos.

A LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y ESTATALES
Al Ministerio de Minas e INGEOMINAS, revocar Las licencias mineras otorgadas a particulares y a las multinacionales.

A la Corporación Autónoma Nacional del Cauca, abstenerse de otorgar licencias ambientales sin el debido proceso de consulta previa, libre e informada.

Al Gobierno Nacional exigir la aplicación del derecho fundamental a la consulta previa y consentimiento libre e informado y revocar todos los títulos mineros otorgados violando las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas.

Al Ministerio del Interior y de Justicia pronunciarse públicamente si ha autorizado a la Empresa EPSA adelantar proceso de consulta sin que EPSA cumpla con todos los procedimientos. De ser afirmativa la respuesta se sirva informar a la Procuraduría General de la Nación y a las comunidades Cómo? cuando? Donde? y con quienes? se protocolizo este proceso de consulta. De no ser afirmativa se proceda de manera inmediata a frenar los procesos de implementación de mega proyectos en la zona.

Al Ministerio del Interior y de Justicia, brindar los mecanismos de prevención suficientes y necesarios para frenar cualquier hecho que atente contra la integridad de las comunidades, afro descendientes, indígenas y campesinas amenazadas.

A los Organismos de Investigación del Estado efectuar de manera oportuna las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y aplicar las medidas penales, disciplinarias y administrativas a que haya lugar contra los responsables intelectuales y materiales de las amenazas y los hechos que atentan contra vida de las comunidades de la zona. Así mismo le solicitamos entregar los resultados públicamente en el menor tiempo posible y mostrar públicamente sus resultados.

Al Gobierno Nacional, al Estado y a todas las instituciones, generar condiciones de atención y protección adecuadas, a favor de las comunidades, afrodescendientes, indígenas y campesinas de Colombia y cumplir con los mandatos constitucionales y normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.

Al Ejército Nacional que en el desarrollo de sus operaciones observe el estricto cumplimiento de las normas de Derechos Humanos y de DIH.

A todas las instituciones del estado dar cumplimiento al Auto 004 del 26 de enero de 2009 y 005 febrero de 2009, en el cual se ordena la protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas y afro descendientes desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento.

Finalmente, hacemos responsable al gobierno nacional por los hechos que atenten contra las comunidades sus líderes y sus territorios.

Sus pronunciamientos los puede enviar a:

ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071

FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

fsantos@presidencia.gov.co

General FREDY PADILLA
Ministro de la Defensa (E)
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

siden@mindefensa.gov.co com/mc/compose?to=siden@mindefensa.gov.co>

infprotocol@mindefensa.gov.co com/mc/compose?to=infprotocol@mindefensa.gov.co>

mdn@cable.net.co com/mc/compose?to=mdn@cable.net.co>

FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874

ministro@minjusticia.gov.co com/mc/compose?to=ministro@minjusticia.gov.co>

MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00

contacto@fiscalia.gov.co com/mc/compose?to=contacto@fiscalia.gov.co>

denuncie@fiscalia.gov.co com/mc/compose?to=denuncie@fiscalia.gov.co>

WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91

defensoria@defensoria.org.co com/mc/compose?to=defensoria@defensoria.org.co>

secretaria_privada@hotmail.com com/mc/compose?to=secretaria_privada@hotmail.com>

ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

anticorrupción@presidencia.gov.co com/mc/compose?to=n@presidencia.gov.co>

reygon@procuraduría.gov.co com/mc/compose?to=reygon@procuradur%C3%ADa.gov.co>


Dirigir copia de sus comunicaciones a:

ASOCIACION NOMADESC

Accionjuridica.nomadesc@gmail.com nomadesc@gmail.com>

CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR

dhprohibidolvidar@yahoo.com yahoo.com>

pcnkol.bogota@renacientes.net

ASOCIACION NOMADESC
CONCEJO COMUNITARIO DE LA TOMA
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS
COORPORACION SEMBRAR
ASOCIACION DE MUJERES MUNICIPALES DE LA BALSA
PALENQUE EL ALTO CAUCA
ASOCIACION KU-MAHANA
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR

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sábado, octubre 31, 2009

Afro-Colombian Grassroots Communities and Leaders under Death Threat

(español abajo)
The Process of Black Communities-PCN issued today a public statement denouncing recent death threats against leaders and communities in the Northern Cauca region who emphatically oppose to large scale mining projects in their collective lands. A death threat pamphlet was received by members of the Community Council of La Toma, sent via facsimile, on which several grassroots organizations, community leaders and the Community Council are threaten by the paramilitary groups "Aguilas Negras" and "Rastrojos". The groups identify themselves as members of the "Familias en Accion" one of the Colombian government programs in the framework of the "Democratic Security" policy.

AFRODES USA and other organizations set a urgent action last week asking members of the Congress and the Department of State to urge the Colombian government to guaranty the safety of leaders and communities and to investigate the threats.

The security issues had increase in those areas where Afro-Colombian grassroots communities are actively oppose to developmental projects that affect their fundamental rights and are imposed without the proper application of the Previous Consultation mechanism, obligated by law.

Read PCN statement (Spanish) at http://www.afrocolombians.com/pdfs/comunicado103009.pdf

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Viernes, 30 de Octubre de 2009

Aquí la guerra es la continuación de la economía por otros medios…y viceversa.




El Proceso de Comunidades Negras en Colombia – PCN - informa a la comunidad nacional e internacional, que la situación de las comunidades y organizaciones Afrodescendientes del país se ha deteriorado en este último año a raíz de las amenazas de muerte, la militarización, el hostigamiento y estigmatización de que somos víctimas en contextos donde prevalecen poderosos intereses económicos de empresas privadas y altas autoridades nacionales que buscan la explotación de nuestros recursos naturales.

La reciente amenaza que nos hacen las “Águilas Negras – Nueva Generación” en el Norte del Cauca, se suma a la vigilancia a la que viene siendo sometida, desde hace varias semanas, nuestra oficina en Buenaventura por parte de sujetos indeterminados, y a las amenazas que en su momento las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, en un comunicado público del 23 de octubre del 2008 hicieron a organizaciones sociales y de derechos humanos del departamento de Nariño. Ese mensaje electrónico también fue dirigido de manera expresa al correo de una militante del PCN y a otros dos correos de nuestra organización, uno de los cuales estaba siendo utilizado por nosotros/as para preparar la Asamblea de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur.

Norte del Cauca: amenazas de muerte y proyectos mineros

Mediante un comunicado de fecha 22 de octubre del 2009 firmado por el grupo paramilitar “Águilas Negras – Nueva Generación”, nuestra organización, dos de sus líderes más importantes en la zona del Norte del Cauca y el Consejo Comunitario de La Toma, hemos sido declarados objetivo militar, al igual que otras importantes organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos del Valle del Cauca.

Estas amenazas surgen en un contexto de conflicto por las nociones de desarrollo y los planes gubernamentales de dar licencias mineras y de explotación de recursos naturales a compañías multinacionales en estas regiones del Pacífico Sur.

Las comunidades negras e indígenas no nos oponemos al desarrollo y entendemos el interés de muchos por que las empresas se instalen en nuestro territorio pero exigimos el respeto de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que reconocen el derecho al desarrollo en el marco de nuestras propias aspiraciones culturales. Desconociendo estos derechos, históricamente, a nombre del desarrollo, hemos sido víctimas, soportando los enormes impactos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de los llamados “proyectos de desarrollo”.

La construcción y operación de la represa de La Salvajina es un claro ejemplo de lo que decimos: Salvajina acabó con la economía de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenos Aires, Suárez y Morales, inundó las mejores tierras agrícolas, las mejores minas, los cementerios y escuelas, acabó con la pesca, deterioró la vida social y cultural de nuestros pueblos. Con el fin de mitigar los impactos de la represa, después de 23 años de haber firmado los acuerdos de 1986, como resultado de una movilización social, estos acuerdos no han sido cumplidos ni en un 10% por el gobierno nacional, entre ellos el compromiso de reubicar a las familias mineras damnificadas.

Y si “La Salvaje Salvajina” no es suficiente -además de haber incumplido-, el gobierno ahora responde entregando a empresas privadas lo poco que nos queda, especialmente el agua y el oro, vulnerado nuestros derechos. Aún recordamos lo que pasó con la Compañía ASNAZÚ GOLDEN que entre 1923 y 1953, arrasó con las mejores fincas de las riberas del río Cauca, desde Asnazú hasta el corregimiento de La Balsa, sin que las instituciones estatales defendieran los intereses de las comunidades negras allí asentadas ancestralmente; por el contrario, los líderes y propietarios de tierras que se oponían con decisión a este atropello fueron encarcelados con sus familias, para facilitar la explotación minera. Esa empresa les depositaba una suma irrisoria de dinero en el Juzgado municipal de lo que ellos consideraban valían sus fincas.

A raíz de la militarización de la Cordillera Occidental, particularmente los municipios de Morales, Suárez y Buenos Aires, han ocurrido y se ha denunciado la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pues los militares se toman las escuelas y las casas de las familias para acampar y organizar sus operaciones militares, involucrando a la población civil en el conflicto.

Llamamos la atención ante esta situación, puesto que nos preocupa que:

El Gobierno nacional, con el pretexto gubernamental de combatir a los grupos armados ilegales, ha hecho que nuestros territorios en los municipios de Suárez, Buenos Aires y Morales se hayan ido llenado de batallones y bases militares, que se establecen exactamente en los mismos lugares donde las empresas tienen sus mayores intereses.

  1. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Minas, INGEOMINAS, han venido entregando y tramitando títulos de concesión minera a empresas nacionales y trasnacionales para la exploración y explotación de nuestros recursos -en particular oro- sin respetar nuestro derecho fundamental a la Consulta Previa y al Consentimiento Previo Libre e Informado.
  2. Se repitan masacres y homicidios como en el período 2001-2005, por la creciente presencia paramilitar en la zona del nordeste del Cauca, que fue certificada por la Fiscalía General de la Nación, por la poca respuesta del gobierno para desarticular estos grupos, aduciendo que son .
  3. Cuando la gobernación del departamento del Cauca ordenó el cierre del puente del Corregimiento de La Balsa (municipio de Buenos Aires), un grupo desconocido amenazó al Presidente y al Fiscal de la Junta de Acción Comunal del centro urbano de La Balsa, viéndose obligados a abandonar la comunidad.
  4. Cuando hemos tratado de participar ha sido casi imposible, por ejemplo, en el Consejo Comunal del 14 de marzo del 2009, liderado por el Presidente de la República, a nuestros voceros no les dio la palabra y fueron registrados y tratados como delincuentes por funcionarios del gobierno.
  5. Las presiones por parte de la Gobernación han sido explícitas, un ejemplo de ellos, es que ante el daño del puente de La Basa afirmó que habían los recursos para arreglarlo sólo si las comunidades permitían desviar el río Ovejas al Embalse La Salvajina.

Ante estos hechos, nosotros vamos a seguir denunciando, como lo hemos hecho, en el Consejo Directivo del Distrito Minero El Tambo – Buenos Aires, las irregularidades que está cometiendo el gobierno nacional al entregar títulos mineros de manera inconsulta en territorios de comunidades negras e indígenas de los municipios de Morales, Suárez y Buenos Aires y en el resto del pais, y demandando que se pare el desalojo de la comunidad de La Toma, a expensas de títulos mineros otorgados violando nuestro derechos constitucional a la Consulta Previa y al Consentimiento Previo Libre e Informado.

Vamos a seguir diciéndole al señor Héctor de Jesús Sarria, una de las personas a las que se les ha otorgado un titulo minero y quien está solicitando el desalojo de la Comunidad de La Toma, como lo hizo el 6 de agosto de 2009 en el municipio de Suárez, que la comunidad no va a salir, y que si siente vulnerados sus derechos, se entienda con el Ministerio de Minas, Ingeominas y el Ministerio del Interior.

Seguiremos demandando el cumplimiento y la aplicación del auto 005, en especial, las medidas que tienen que ver con el Plan de Protección a las Comunidades Negras, la caracterización territorial y la aplicación de la Ruta Étnica de Protección, y que hasta tanto los gobiernos nacional y local no apliquen estas medidas, no debe prosperar ninguna acción en contra de nosotros/as porque estarían revictimizando en lugar de cumplir su obligación de proteger.

Continuaremos respondiéndole al Gobernador del Cauca (quien el 21 octubre de 2009, en otra reunión del Consejo Directivo del Distrito Minero El Tambo –Buenos Aires, manifestó que era necesario dejar entrar a las multinacionales a estos municipios, o por lo menos escucharlas), que si los gobiernos nacional, departamental y municipales quieren que las empresas ANGLO GOLD ASHANTI -SOCIEDAD QUEDAHDA, COSIGO RESORT, UNION FENOSA y otras, estén en nuestra zona, esto sólo podría hacerse respetando y haciendo respetar los derechos nuestros, reconocidos por la constitución, la ley y los tratados internacionales. No hay, y no es posible en términos legales, ningún otro camino.


Buenaventura, Valle del Cauca: hostigamientos y amenazas de muerte

Desde mediados de septiembre de 2009, se vienen registrando seguimientos a miembros del equipo del Palenque El Congal, del PCN. Esta situación se suma a las amenazas de muerte que han recibido dos líderes afrodescendientes de los ríos Raposo y Anchicayá, que han sido obligados a salir de sus casas por grupos de más de media docena de hombres armados, que se identificaron como de las “Águilas Negras” y procedieron a ocupar las viviendas, en un claro signo de que están planeando acciones contra las comunidades. En el primer caso, los paramilitares hurtaron el motor del Consejo Comunitario.

Igualmente, en Buenaventura el 16 de octubre del 2009 a las 2 de la mañana, en la vereda Calle Larga, la lancha en la que se desplazaban Laurentino Mosquera Angulo y Marinel Potes, sufrió un accidente en el que murió el primero y resultó gravemente herido el segundo, cuando ésta fue embestida por una embarcación de la Infantería de Marina que se desplazaba a gran velocidad y sin luces por el río. La lancha de la Infantería de Marina no se detuvo a auxiliar a los pobladores que había atropellado. Aparecieron sólo el día siguiente, pero para retener ilegalmente hasta hoy, la lancha accidentada.


Departamento de Nariño: desplazamiento forzado e intimidación

En Nariño, los Afrocolombianos continuamos siendo victimas de desplazamiento forzado interno – 7 desplazamientos masivos desde enero 2009, que afectan a 1267 familias -, y la implementación de cercos alimentarios en la parte alta del ríos Iscuande, que juntamente con los enfrentamientos entre fuerza publiza e insurgencia, están generando desplazamiento forzado interno; además de desapariciones forzadas – 300 en Tumaco, en lo corrido del año - ,y por la erradicación manual forzada de cultivos de coca para fines ilícitos, llevada a cabo por la policía antinarcóticos – usando símbolos de la UNODC - y sus grupos de erradicadores civiles, hechas sin consulta, aumentando el riesgo para los lideres comunitarios y todos los miembros de los Consejos Comunitarios, al punto que los erradicadores han dañado los cultivos de plátano, frutales, cacao y maderables de las comunidades, ubicando sus campamentos en predios comunitarios y dañando fuentes de agua para el consumo humano; además, han atemorizado a la población, reteniendo por horas a personas que se encuentran a su paso en el monte, señalándolos de guerrilleros o auxiliadores, interrogándolos y en algunos casos, torturándolos, poniéndolos de cara al suelo y haciendo disparos al piso cerca de sus cabezas.


Magdalena Medio: mega proyectos y violencia afecta Afrocolombianos

En la región del Magdalena Medio, de modo simultáneo a la implementación de megaproyectos, se han incrementado los asesinatos selectivos, que sólo en Barrancabermeja a la fecha sobrepasan el centenar.

En el Magdalena Medio, el avance de los megaproyectos simultáneamente ha estado acompañado del incremento de los asesinatos, entre ellos el de líderes de organizaciones afrocolombianas como Luis Arango, presidente de la Asociación de Pescadores y Acuicultores de EL Llanito, quienes lideraban una lucha contra Ecopetrol por el derrame de crudos en la ciénaga de El Llanito, en la década de los 90´s, quienes también han denunciado los impactos que traerá a la comunidad y la Ciénaga, que es la única fuente de subsistencia, la construcción de la Hidroeléctrica de Sogamoso. También fue asesinado el presidente de la Asociación de Areneros de Barrancabermeja y el presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Puente Sogamoso – municipio de Puerto Wilches -, comprometidos con la aplicación de la normatividad ambienta, la denuncia por los impactos de la construcción de la Hidroeléctrica de Sogamoso respetivamente.


Nosotros demandamos


Del gobierno nacional, departamental y local una explicación de todo lo que está pasando en nuestros territorios y a la comunidad internacional para esté vigilante y le exijan al gobierno nacional cumplir con el Convenio 169 de la OIT, en cuanto al derecho fundamental de la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado, el Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional colombiana y que garantice la protección de las organizaciones y líderes de las comunidades negras e indígenas, ambientalistas y sindicatos. Vemos con extrañeza que, a pesar de nuestra situación, gobiernos como el de los Estados Unidos hayan certificado al de Colombia en materia de derechos humanos, y pedimos que se revisen los convenios que afectarán igualmente nuestros territorios con mayor militarización y sus consecuencias en nuestras mujeres, niñas y jóvenes, principalmente, así como en nuestros territorios ancestrales.

Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones étnicas, sociales y de derechos humanos para que estén vigilantes ante estas amenazas de muerte y para que nos acompañen en la defensa de nuestros territorios y de la vida de los pueblos afrodescendientes e indígenas de este país.



Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN


ANEXOS

1. Pamfleto recibido de grupos paramilitares recibido en Octubre 22, 2009

“Ustedes son defensores de la Guerrilla, solicitando tierra para sembrar coca para fortalecer a los indígenas y la guerrilla que no entienden el esfuerzo del presidente de la republica Álvaro Uribe

Que con ayuda de familias en Acion (sic), guardabosques y la seguridad democratica (sic), un grupo de hombres y mujeres preocupados por acontecer del país. Hemos definido que se hace necesario de nuevo emprender la lucha contra aquellos que se camuflan en las organizaciones sociales como CUT Valle, NOMADESC, Defensores D DHH, ONG, enemigos de nuestra democracia.”

Esos burócratas no dejan progresar el CAUCA, donde no permiten el ingreso de las multinacionales que si traen beneficio a las comunidades en SUAREZ, MORALES Y BUENOS, AIRES,

Algunas de estas organizaciones han hecho convenios con dueños de títulos mineros solicitando el desalojo de las zonas mineras a cambio de dinero como ocurre en el corregimiento de la toma y tenemos documento como prueba.

Hoy hemos decidido declararlos objetivo militar a esos burócratas HP, defensores de los derechos humanos, NOMADESC, CUT VALLE, PCN, CONSEJO COMUNITARIO DE LA TOMA, CERRO TIJERAS, licifredy, Eduar Villegas, Jose Goyes, Diego Escobar, recheche, Plutarco, Meraldiño Consejal” Firma AGUILAS NEGRAS NUEVA GENERACION.


2. Pamfleto de Octubre de 2008

De: AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA, agc.narino@gmail.com

Fecha: 23 de octubre de 2008 10:38


Asunto: Comunicado - Autodefensas Gaitanistas de Colombia

COMUNICADO PÚBLICO.

Ante los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional de los compromisos adoptados en el proceso de paz que adelantó con las autodefensas Unidas de Colombia, proceso que en el Departamento de Nariño culminó con la desmovilización de alrededor de 677 combatientes del Bloque Libertadores del Sur.

Ante el avance sin precedentes de la guerrilla terrorista en busca de controlar por todos los medios zonas donde habíamos ejercido control durante muchos años.

Ante los históricos vínculos ya comprobados de varias personas, colectivos, y demás organizaciones pseudo defensoras de los derechos humanos con los grupos terroristas guerrilleros que operan en la geografía de Nariño…

…Anunciamos que nos vemos obligados a continuar con nuestra lucha antisubversiva y en defensa de los intereses más elevados de la Patria y de las comunidades de Nariño, desprotegidas ante el embate guerrillero.

Por este motivo conminamos a todas las personas, comunidades y demás organizaciones pseudo defensoras de los derechos humanos de Nariño a que inicien un proceso de depuración interna con el fin de terminar de una vez y para siempre con sus vínculos con los grupos terroristas guerrilleros de lo contrario, advertimos que iniciaremos este proceso de depuración a través del uso de la fuerza, sin importar los métodos y las consecuencias.

AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA Bloque Nariño
-

3. Comunicado de las comunidades de Timbiqui.

!EN ZOZOBRA COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA!




En la madrugada del 2 de octubre de 2009, aproximadamente a la 1:30 am se presento por primera vez en la historia del Municipio de Timbiquí un enfrentamiento en la Cabecera Municipal de Timbiquí, entre un frente guerrillero aun sin identificar y un grupo de soldados de la infantería de marina allí asentados en esta localidad.



El enfrentamiento que duro aproximadamente 25 minutos dejo un saldo de dos personas de la comunidad gravemente heridas, los señores Ricardo Rentaría García y Manuel Navarrete Balanta, dos jovencitas desaparecidas hasta el momento, un militar muerto, ocho militares heridos y la comunidad entera en estado de pánico y nerviosismo. Cabe resaltar que en la cabecera Municipal de Timbiquí es la primera vez que se presenta una incursión subversiva.



Los hechos que agravan esta situación y elevan el miedo y la zozobra en la comunidad tienen que ver directamente, con la ubicación de la base militar en el centro del Pueblo, así como, en los tanques del acueducto, los cuales también están en el centro poblado. Esta situación violenta de manera categórica el derecho internacional humanitario, en la medida que coloca a la sociedad civil en altos niveles de riesgo contra sus vidas e integridad.



Resaltamos que estos hechos se presentan, pese a las exigencias de la Corte Constitucional, de establecer mecanismos específicos de protección para estas comunidades en el marco del auto 005 y da responsabilidades específicas a instituciones del estado para que operen dichos mandatos. Enfatizamos el hecho que a menos de un mes del vencimiento del plazo para estos mandatos las comunidades beneficiarias de estos ni siquiera conocen los mismos.



Hacemos un llamado a las autoridades de protección, defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para que de forma inmediata, se generen las acciones que posibiliten la reubicación de las bases militares en el Municipio de Timbiquí Cauca, de tal manera que la ubicación de estas no afecte a la comunidad.



Instamos al defensor nacional del pueblo para que conforme al marco jurídico nacional e internacional proteja la integridad de los pobladores del Municipio se Timbiquí y del Territorio Región del Pacifico.



Demandamos del programa presidencial para los derechos humanos, las acciones que revisen y corrijan de forma inmediata, la ubicación de las bases militares en el Municipio de Timbiquí y en los Territorios Ancestrales de Comunidades Negras.



Demandamos del Procurador General de la Nación, actuaciones pertinentes y oportunas que posibiliten la preservación de la integridad cultural de las comunidades Afrocolombianas en el Municipio de Timbiquí y los territorios ancestrales de la región.



Instamos a la oficina en Colombia de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, a que intervenga y facilite la reubicación de las bases militares en el Municipio de Timbiquí, así como, hacer seguimiento a la violación sistemática de los derechos humanos y el derecho internacional en esta zona.



Instamos al Comité Internacional de la Cruz Roja CICR a que contribuya con sus buenos oficios ante el gobierno nacional y las fuerzas militares, para la reubicación de las bases militares en el Municipio de Timbiquí y en todas las comunidades y consejos comunitarios del pacifico colombiano.



Llamamos a las organizaciones internacionales y nacionales que trabajan en la protección, defensa y atención en derechos humanos, así como cooperación al desarrollo, a coordinar acciones que posibiliten una mejor atención y acompañamiento a los consejos comunitarios de Timbiquí y la región, los cuales se encuentran en inminentes riesgos de violación a su integridad cultural.



ASOCIACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE TIMBIQUI

CONSEJO COMUNITARIO NEGROS UNIDOS

CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO

CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION

CONSEJO COMUNITRIO SAN BERNARDO

CONSEJO COMUNITARIO PARTE ALTA SUR DEL SAIJA

CORPORACION ANCESTROS

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRA EN COLOMBIA PCN.

miércoles, agosto 05, 2009

Stop the Eviction of Afro-Colombian Miner Communities in North Cauca Region

Action Alert!

Stop the Eviction of Afro-Colombian Miner Communities in North Cauca Region

Dear Friends and Colleagues,

On Thursday, August 6, 2009 the Colombian government will evict 1502 families from the Community Council of La Toma, in the Norte del Cauca Region. The traditional miner families who had inhabited those lands since 1636 and live primarily from gold mining since then, have been declared "owners of bad faith" (poseedores de mala fe) for mining in an area that was given in concession by the government to foreigners, without previous consultation to the communities, and in violation of the Law 70 of 1993, the ILO Convention 169 and the Auto 005 from the Colombian Constitutional Court.

The Community Council of La Toma is comprised of five villages: Yolombo, Gelima, Dos Aguas, El Ato and La Toma. 6500 of its 7000 hectares have been asked in concession by the foreign mining company Anglo Gold Ashanti. As the Community Council of La Toma face displacement, other communities in the municipalities of Suarez, Buenos Aires and Santander de Quilichao will follow since the Ashanti (as people in the area know it) and Consigo Resort, another mining company, are looking for permanent license to exploit the gold in the region, leaving hundreds of traditional miner families with no source of living.

The Colombian government in its usual fashion has disregard for national and international laws, avoiding consultation with the communities previous to any concession over their lands and resources. The Black Communities Process-PCN is asking for immediate advocacy action to prevent the expulsion and further internal displacement of the traditional miners. Please send your concerns to the Colombian authorities listed in PCN's action alert: http://news.afrocolombians.com/news/

For further information please contact Charo Mina-Rojas at mina@afrocolombians.com or directly to PCN at pcnkol_bogota@renacientes.net

Thank you for your solidarity and commitment with Afro-Colombian plight and struggle.

Afro-Colombian News Rising Awareness on Afro-Colombian Grassroots Communities Struggle

ACT TODAY!

Urgent Action: Recent Afro-Colombian Human Rights Violations/Accion Urgente Sobre Violaciones de DDHH de los Afro-Colombianos


August 5, 2009

Dear Supporters of Afro-Colombian Human Rights,

This past week we received various reports of concern from our Afro-Colombian grassroots counterparts that we wish to bring to your attention. We kindly suggest that you contact the State Department and ask that they take action on the following cases affecting Afro-Colombian communities.

•On July 30, members of the Colombian Marines arrived and stationed themselves at the Community of Bajito, in Mosquera (Nariño Department) in anticipation of an armed conflict against a guerrilla group in the area. The Marines proceeded to raid approximately 100 civilian homes and to install themselves in these homes without any regard for the inhabitants. According to the Ibarbo family and other families, the Marines allegedly took the personal identifications of persons residing in the homes they occupied without informing them. These families report that Eduar Cortez Ibarbo was abducted by the Marines, severely beaten-up, and accused of having ties with the guerrilla. The leaders of this community have been stigmatized and accused of supporting the guerrillas and engaging in illegal operations such as storing weapons. The community notes that the activities of the Colombian armed forces including the breach of international humanitarian law, harassment of community members on the part of soldiers and combat operations between the Colombian Marines and the guerrillas have generated the internal displacement of the entire community- approximately 700 Afro-Colombians.

• On July 27th, the Displaced Women Collective of Valle del Cauca (COLMUDEVSA) announced that the government had not adequately responded to the critical humanitarian situation faced by internally displaced persons (IDPs) and that their lives and those of their families are in danger. Due to lack of a suitable government response to their plight, the Women’s Collective and District Working Group of Buenaventura decided to peacefully takeover the headquarters of Acción Social (Colombian agency in charge of IDPs) in Buenaventura to demand immediate solutions to their situation of internal displacement. COLMUDEVSA is urging the Colombian
authorities to implement the Constitutional Court’s recent orders on internal displacement
(092 of 2008 and 004, 005, 007, 008 and 009 of 2009).

• On July 24th, Clara Portilla, member of the Organization of Displaced Persons (OPD) from the Nariño Department received a written racist death threat from the “The Black Eagles” paramilitary group. In this threat, the paramilitaries threaten to kill her if she does not leave town within 72 hours.

• In July 2009, the Colombian military began a process of forced manual eradication in Bebedó located in the San Miguel Community (Chocó Department). The eradication provoked attacks from the guerrillas who killed civilian eradicators. It also has seriously undermined the security of the Afro-Colombian community living in this area. The community is concerned about the military’s eradication project because it violates their Constitutional civil right to previous consultation. They are not opposed to eradication of coca itself but how it is being done without their consultation and consideration of their rights. They argue that eradication done without consultation with those affected will only exacerbate illicit activities, and at the same time hurt the community’s licit economic activities. Members of this community have actively opposed the eradication efforts due to fear that such efforts could lead to attacks against them. Currently, there is concern that these protests may escalate into violent confrontations.

• According to the Black Communities Process (PCN), the Colombian government granted a concession to the foreign mining company Anglo Gold Ashanti to mine in the northern Cauca Department without following the previous consultation process with the Afro-Colombian communities in the area. Granting a concession for mineral exploitation without prior consultation with the communities affected is a violation of Law 70 of the Black Communities (1993), the ILO Convention 169 and the Order 005 of the Colombian Constitutional Court. PCN states that this concession will result in the eviction of 1,502 families from the Afro-Colombian Community Council of La Toma on the 6th of August 2009. The traditional small scale Afro-Colombian miners and their families have inhabited these territories since 1636 and make a living primarily from small scale gold mining.
The Community Council of La Toma consists of five villages: Yolombo, Gelima, Dos Aguas, El Ato and La Toma. 6500 of the 7000 hectares have now been conceded to the Anglo Gold Ashanti company. Afro-Colombian leaders predict that as the Community Council of La Toma faces displacement, other Afro-Colombian communities in the municipalities of Suarez, Buenos Aires and Santander de Quilichao are likely to become displaced in the future. Ashanti and Consigo Resort, another mining company, are allegedly looking for permanent license to exploit the gold in these municipalities. Afro- Colombian leaders are concerned that this type of economic development done without the proper consultation mechanism will not benefit the local communities. Rather it will lead to displacement and leave hundreds of traditional Afro-Colombian artisan miner families with no means of sustaining themselves.

• On July 2nd 2009 a sailor, linked to the company Harimar, named Gustavo Estrella, threatened a member of the Chanzara Community Council (CCL) which forms part of the Afro-Colombian community councils umbrella network COCOCAUCA. Estrella hassled the officer for the legal actions taken by the autonomous regional organization of Cauca (CRIC) against Harimar and accused him of blocking the progress of Harimar. The perpetrator said that if they were in Buenavista then ‘things would be different’; perhaps suggesting that he could be murdered or disappeared. One month earlier, during first week of June, another person linked to Harimar circled the Bellavista Community (where CCL is located) showing off his 9mm gun in a threatening manner.

• On July 17th in Quibdó (Department of Chocó) the 34th Front of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) guerillas attacked a commercial establishment in the center of the city by launching a grenade into a crowded area. 11 civilians were wounded by this explosion including Michel Diana Hurtado Ortega, Deyvis Antonio Arrieta Pérez, Freddy Antonio Díaz Hoyos, José Bertuqueo Molina Sáenz, Elcy Rengifo Ayala, Sandra Correa Ospina, Julio Eduardo Herrera, Ángela Largacha Córdoba, Oscar Herrera Hoyos, Danny Maria Largacha Córdoba and Belkin Palacios Córdoba. The FARC is one of various illegal armed groups present in Quibdó and the violence among these groups has increased in recent months. This is the 9th attack against a commercial establishment to take place in Quibdó in 2009.

We strongly urge you to contact Susan Sanford, Colombia Desk
Office of Andean Affairs, Bureau of Western Hemisphere Affairs
(Tel: 202-647-3142; Fax: 202-647-2628) and
Steve Moody, Foreign Affairs Officer - Human Rights and Labor, Asia and Western Hemisphere Affairs, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (Tel: 202-647-8301; Fax: 202- 647-8326) at the US State Department and ask that they:

- Insist that Colombian authorities take strong action to implement human rights condition F of U.S. Military assistance to Colombia which states public forces are properly distinguishing between civilians and combatants in indigenous and Afro- Colombian areas. Cases of abuse on the part of the public forces in Nariño should be investigated and those found guilty brought to justice.

- Urge the Colombian government to take immediate action to guarantee that protection measures are immediately put in place to protect the life of Ms. Portilla and the other Afro-Colombian IDP leaders and organizations found in this document.

- Encourage USAID to work with the Colombian government to work with the community of San Miguel to create a coca cultivation reduction plan centered on alternative development projects developed by the affected Afro-Colombian territorial authorities. According to Article 52 of Law 70 (1993) of the Black Communities the authorities should support the creation of micro-financing associations to facilitate the gradual substitution of illicit crops. Additionally, the Ministry of Agriculture should be asked to regulate the exploitation of the forestry and mining sectors and the government should provide training opportunities to rural farmers on production, commercialization, and first-aid.

- Ask that Colombian authorities adequately address the concerns of the La Toma community and Displaced Women Collective of Valle del Cauca (COLMUDEVSA) in a manner that respects their Constitutional Rights.

- Recommend that the Colombian authorities take bolder actions to dismantle the operational structures (military, economic and social) of the illegal armed groups Black Eagles, New Generation and FARC in areas of the country, most notably Chocó, Cauca, Nariño and Valle del Cauca Departments, where Afro-Colombians live.

Attached to this document you will find a list of threats and killings involving Afro-Colombians received prior to this week.

We thank you in advance for your actions on these important matters.

Sincerely,

Gimena Sanchez
Senior Associate for Colombia
Washington Office on Latin America

Marino Cordoba, Charo Mina Rojas and Otoniel Paz
Association for Internally Displaced Afro-Colombians USA

Nicole Lee, Esq.
Executive Director
TransAfrica Forum

Joseph Jordan
Director and Associate Professor
University of North Carolina at Chapel Hill

Carlos Quesada
Latin American Program Director
Global Rights

Kelly Nicholls
Executive Director
U.S. Office on Colombia

James Vondracek
Managing Director
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)

Roland Roebuck
Afro-Latino activist
Washington, DC

Agustin Lao-Montes, PhD
Associate Professor, Sociology
University of Massachusetts at Amherst

Ajamu Dillahunt
Community Organizer
North Carolina Justice Center

Arturo Escobar
Professor of Anthropology
University of North Carolina at Chapel Hill

Murders and Threats Against Afro-Colombian Leaders and Communities 20091

Murders:
• On January 26th 2009, three Afro-Colombian bodies were found floating in the river flowing out of the Guapi-Cauca municipality, Cauca Department. The bodies were later identified as fishermen from the settlement of Saija located in Timbiqui Municipality. The persons killed were Eliseo Castro, Wiston Hurtado Quintero and Richard Hurtado Quintero. Although there is insufficient information to know the motives of the crime it is worth noting that the area is a hot zone for all the armed groups (military, paramilitary, and guerrilla) and serves as a contested zone for the narcotics trade.

-Odulfo Mosquera Orejuela, a local Afro-Colombian leader, was killed in the basin of Cacarica by the FARC, February 10, 2009.

-Ana Isabel Gomez Perez, President of Junta de Desplazados del Municipio de los Cordobas (Cordoba) and member of the Committee of Family Victims of Cordoba (Comfavic), was killed April 14, 2009. Ms. Isabel is originally from the Chocó.

-Claudia Fernanda Ramos Camacho, an Afro-Colombian teacher in Rio Mira hired by CRIC, was killed on April 19, 2009.

-On May 3rd 2009 a helicopter of the Colombian military indiscriminately machine- gunned several areas where Afro-Colombian communities reside in the Lopez de Micay municipality. Among the victims there was a thirteen year old boy, Aureliano Tovar, who was shot. The community demanded that the military, at least, take the boy to a nearby hospital to seek treatment. Although Cali has a better emergency response centers, the military took the ailing boy to Pasto. Aureliano died May 6th due to severe gun shot wounds. As a consequence of the military’s actions, members of the Afro-Colombian communities have received threats.

-On May 4th 2009 a typist from the Ministry of Education of Tumaco was murdered on her way to work. Unofficial estimates claim that in Tumaco in 2009 at least one person a day has been killed. This comes in spite of heavy policing and military operatives by the local and national government. Locals suspect that these authorities have been infiltrated by criminal groups and are thus ineffective.

-Estrella Hinestroza Robayo, leader of ASODESS and IDP women's advocate, was killed in Granada Meta, May 20, 2009.

-Otavio Castaño, from the municipality of Guapi in Cauca, had been missing since June 6th 2009 and was assumed kidnapped. The morning of June 11th residents of the neighborhood discovered that Mr. Castaño had been murdered with a chainsaw when they found pieces of his body. The killing was allegedly committed by the paramilitary group “Los Rastrojos” who had previously extortioned Mr. Castaño for money.

Threats:

-Afro-Colombian sisters Johana and Elena Acosta won a racial discrimination lawsuit against two nightclubs in Cartagena. On February 4th 2009, after three years in court, the defendants were found guilty and forced to pay the Acosta sisters 100 million pesos. Since then the sisters and their lawyer, Francisco Hernandez, have received violent phone calls threatening them “hey corrupt lawyer, son of a bitch, you are going to die before you see a single dime of that money!.”

-Afro-Colombian partners in Buenaventura informed us on March 10, 2009 that a paramilitary group was distributing pamphlets announcing that persons deemed undesirable by the paramilitaries (drug dealers, thieves, prostitutes, etc.) will be “socially cleansed.” We find this development to be particularly disturbing given the paramilitary demobilization process and recent efforts by the Colombian authorities to increase the presence of the military in this port city. Recent interviews done by WOLA in June with victims from Buenaventura indicated that
the threat remains and that paramilitaries have taken actions (killings and disappearances) against persons, their family members are too afraid to report these violations to the authorities.

-On March 13, 2009 Adom, Adacho, Asociación Orewa, Asociaciones Comunales, Codegeved, Comisión Nacional de Reparación, Cocomacia, Defensoría del Pueblo, Diócesis de Quibdó, Fedeutch, Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Mujer y Vida, Oficina departamental de Paz, Personería de Quibdó, Red departamental de Mujeres Chocoanas. Ruta Pacifica de Mujeres and Unión Desplazada Del Chocó are asking that action is taken regarding pamphlets containing death threats against civil society organizations in Quibdó and Chocó.

These organizations are concerned about the threat of death and harm that exists against them and others, as well as, the terror campaign that paramilitaries are orchestrating against the civilian population. They note that paramilitaries are threatening to individually and collectively kill, persecute massacre ethnic leaders in order to impose their economic, political and military projects in the region. They are especially concerned for the welfare of the large number of IDPs situated in Quibdó and their leaders since this population is very vulnerable to attack.

-In April 2009, Afro-Colombian IDP leaders Erlendy Cuero Bravo, delegate of AFRODES to the National Coordination Table on IDPs (CND) and Ricauter Angulo, Coordinator, National Municipal Table of IDPs in Cali, situated in Cali received pamphlets from the Black Eagles threatening them for their working in defending victims’ rights.

-Senator Piedad Cordoba, Afro-Colombian Senator threatened by the Black Eagles paramilitaries, in pamphlets distributed May 2009.

- On May 29, 2009, a strange man entered the office of the Municipal Association of Women (ASOM), an afíliate of the Black Communities Process (PCN) in La Balsa community, Buenos Aires Municipality in Cauca. The unknown man entered the office and began to ask for well-known Afro-Colombian advocate Clemencia Carabalí. When he was informed that she was not in the office, the man told the other women in the office that “she should watch out for her family and not involve herself in what does not pertain to her.” The same threat was made to Liliana Sandoval of ASOM, once the man determined that she worked with Clemencia. Various Afro-Colombian women advocates from ASOM have received similar cellphone threats.

-On May 31st 2009 in Vigia del Fuerte, Antioquia, various threatening and accusatory pamphlets were distributed. These pamphlets falsely accuse and threaten the life of missionary Jose Nelly Mena, among others. The Dioceses of Quibdo urges local and national authorities to make a full investigation and punish the material and intellectual actors of this crime. Additionally, they ask for the proper mechanisms to ensure the safety of Jose Nelly Mena and other religious leaders.

-Hugo Rivera Aquiñonez is the legal representative for the IDP association “El Porvenir” in the municipality of Tumaco. On Sunday June 14th 2009, two unknown individuals were searching for Mr. Rivera with the intent of murdering him. Mr. Rivera was able to escape with the help of neighbors and family members.

Security Issues Concerning Members of AFRODES in Bogotá

In recent months the Association of Internally Displaced Afro-Colombians (AFRODES) has received numerous threats and been subjected to strange and menacing persons coming to their office. It is recommended that Carlos Franco of the Vice President’s office meet with the core members of AFRODES to discuss their security situation and develop actions that can be taken to ensure their safety.

AFRODES played a key role in helping the Colombian Constitutional Court gather the information necessary to do its hearing on Afro-Colombian IDPs. This hearing led to the Order issued by the Court in January 2009 that orders the Colombian State to take actions to reverse the poor situation faced by Afro-Colombian IDPs. AFRODES also recently released a joint report with Global Rights on the situation of Afro-Colombian IDP women that provides useful information and recommendations for how the particular concerns of such women can be addressed.

Other Reports:

• The Noanamito Afro-Colombian community of Lopez de Micay (Cauca Department) reported in January 2009 an increase in paramilitary presence in their area and increased activities on the part of the “New Generation” paramilitaries. They fear that the increased presence of this group is going to lead to human rights abuses.

• On June 25, President Uribe ordered that 12,000 members of the Colombian armed forces “recover from the FARC” the territories surrounding the River Naya (Valle del Cauca Department). It is believed that for every inhabitant in this area there will now be two soldiers. The Afro-Colombian Community Council of the River Naya are deeply concerned and reject the notion that there territories are serve as a “sanctuary for guerillas and narcos.” Approximately 18,570 Afro-Colombians and indigenous persons from the ethnic group Epera Siapidara inhabit this area. They fear that this military incursion will lead to deaths and new internal displacements because in February 28, 2008 these communities were subjected to aerial bombardments that damaged properties and led to displacement. Further, 30% of this population depends on growing banana, plantain, papa china, corn and cacao for its subsistence and there is concern that this militarization will obstruct their right to freedom of movement and thus their ability to sustain themselves.

•The 24th of January the 10th regiment of the Colombian Marines allegedly seized a shipment containing ACPM, the fuel needed for electricity in the lower part of the Saija Community Council (Cauca Department). Due to the outdated infrastructure of the Afro-Colombian community of Saija, the electricity generator plant depends on a daily dose of ACPM. Without ACPM the community has no electricity and this creates great discomfort and insecurity in a region affected by armed groups. The Marines did not explain why they seized the fuel from the Afro-Colombian community. Moreover, ACPM has no other known use which discards the argument that its seizure was an attempt to fight the guerrillas. After pressuring them for a response, the 30th of January, the Marines claim that the seizure came as a result of the transportation vehicle not having proper documentation and license plate (for which we the community was subsequently fined). It should be noted that the transportation vehicle used was our traditional canoe for which there is no clear and explicit policy regarding its mobilization and documentation.